"Poco ha de extrañar que apenas iniciado el programa se haya traducido en un escenario de disparidad, con cada Comunidad Autónoma convertida en un mundo aparte, y escandaloso caos para todos los profesionales implicados", según denuncia la asociación en un comunicado.
Añaden que recientemente han conocido que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha cesado al subdirector general de Nuevas Tecnologías Luis Bustamante "al parecer como reacción ante la no muy feliz implantación del proyecto ministerial publicitado como papel cero".
La asociación desconoce que se trata de un "proyecto ambicioso que persigue un loable fin", si bien lo califica como uno de los más sonoros fiascos en el campo de la Administración "y no será porque los responsables no pudieran preverlo".
A juicio de JpD, la implantación del expediente digital "debiera haberse supeditado a que antes se hubiera dotado a los juzgados y tribunales de los medios adecuados y a la formulación de Protocolos homogéneos para toda España, fijando pasos uniformes en el proceso de entrada, y asegurando una interoperabilidad que ahora mismo es un imposible".
Por otro lado, reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "asuma de una vez su responsabilidad activando las necesarias y ahora mismo inexistentes homologación e interoperabilidad, la firma electrónica de los jueces y magistrados" cuya ausencia conlleva inevitablemente convertir a los juzgados en "absurdas impresoras de archivos digitales".