Los trabajadores de los órganos centrales con sede en Madrid y los destinados en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y La Rioja han aceptado mayoritariamente poner fin al paro, aunque en algunos casos también han rechazado el acuerdo firmado ayer en Justicia. Los trabajadores de los órganos centrales con sede en Madrid y los destinados en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y La Rioja han aceptado mayoritariamente poner fin al paro, aunque en algunos casos también han rechazado el acuerdo firmado ayer en Justicia.
Eso es lo que ha sucedido en la votación en la que han participado los funcionarios de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, mientras que en las consultas celebradas en Avila, Burgos, Soria, Zamora y Ciudad Real se han impuesto quienes defendían la continuación de la huelga.
El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, consiguió el pasado domingo "in extremis" cerrar un acuerdo con los sindicatos de Justicia, un acuerdo que ha generado una importante brecha en las centrales sindicales.
El grado de división que provocó el acuerdo ha sido tal, que los firmantes del acuerdo, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, y su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, salieron de la sede del Ministerio de Justicia escoltados por Policía, entre abucheos y gritos de "traidores" y "nos habéis vendido".
Aumento de 190 euros
El acuerdo supone para los funcionarios de Justicia no transferidos un aumento salarial progresivo de 190 euros mensuales de aquí a julio de 2009 -pedían 200 con efectos retroactivos a 1 de enero de 2008-, así como una paga única de 480 euros a primeros del año que viene a compensar lo no cobrado durante este primer semestre.
En el pacto firmado por CCOO y UGT, los funcionarios se comprometen también a poner al día el trabajo pendiente tras 60 días de huelga en un plazo de tres meses y a adaptarse a las nuevas tecnologías. LA/CGS