Un informe de la Fundación Alternativas --considerada afín al PSOE-- aconseja conceder derecho de voto a toda la población inmigrante, y no sólo en las elecciones municipales, como una de las vías para fomentar la participación electoral de los colectivos que sufren exclusión social, dado que los inmigrantes están "sobrerrepresentados en los espacios de exclusión".
El informe subraya que "la participación electoral es contagiosa", de manera que la concentración de personas sin derecho a voto en los espacios de exclusión "potencia un entorno abstencionista" que es perjudicial para incluir en la vida pública a los desfavorecidos (españoles o extranjeros).
Los autores del estudio, Braulio Gómez Fortes y Manuel Trujillo Carmona, avisan del "grave problema" que supone para la democracia el hecho de que las personas que tienen las "mayores carencias materiales y sociales" no vayan a votar, de manera que sus preferencias no cuentan en la toma de decisiones. En la actualidad viven en España mas de 8 millones de pobres, con un 5 por ciento de la población en situación de exclusión severa y un 13 por ciento en exclusión moderada.
El informe demuestra que hay una relación entre la exclusión social y la abstención extrema. En las elecciones generales de 2008, los casos más notables fueron la sección de la barriada madrileña Cañada Real en el distrito de Vicálvaro, con un 80 por ciento de abstención y el Polígono Sur de Sevilla, con un 78 por ciento, barrios ambos catalogados como de exclusión extrema.
LOS QUE VOTAN SE INCLINAN MÁS POR EL PSOE
En cuanto al destino de los votos, el informe ha detectado que los pocos ciudadanos excluidos que van a votar es más probable que lo hagan por el PSOE que por ningún otro partido. Esa correlación es más alta en las comunidades donde el PSOE lleva décadas gobernando (Andalucía, Extrema dura y Castilla-La Mancha).
En cuanto al PP, las correlaciones son "más inestables" pero hay una tendencia clara opuesta, "cuando aumenta la exclusión, disminuye el voto al PP", de manera que "en España no se está reproduciendo el comportamiento de los suburbios de París o de Ámsterdam, donde los ciudadanos en situación de marginalidad optan por los partidos de extrema derecha".
MEDIDAS PARA LA POBLACIÓN GITANA
El estudio constata cómo las zonas de exclusión social con valores más altos de abstención extrema son barriadas donde la mayoría de los habitantes son de etnia gitana, así que pide medidas para combatir su falta de participación "estructural".
Según sus datos, la probabilidad de que una persona procedente de un hogar de etnia gitana vaya a votar es del 10 por ciento, y ésta cae al 5 por ciento en el caso de los hogares de etnia gitana en situación de exclusión. La probabilidad sube al 8 por ciento si la familia recibe prestaciones asistenciales, y al 16 por ciento si son "prestaciones universales" (como el subsidio de desempleo).
En opinión de los autores, el Gobierno "ha desperdiciado una ocasión única" obviando el asunto en el Plan de Acción de 2010, dotado con 103 millones de euros, donde sólo hay una recomendación genérica de incorporar a candidatos de etnia gitana en las listas electorales. Los autores apuestan por que se reserven a estos candidatos puestos de salida en las elecciones locales y autonómicas.
CONDICIONAR LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS
El documento aconseja, por otro lado reformar la ley de financiación de partidos políticos para añadir una cláusula que les obligue a dedicar al menos un 5 por ciento de las ayudas que reciben del Estado a difundir información en las áreas donde hay abstención extrema del electorado (más del 50 por ciento).
Además, propone reformular los principios del Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la pobreza, aprobado en febrero de 2010, para incluir "objetivos políticos" y un "plan prioritario" para que no haya ninguna bolsa de pobreza con tasas de abstención superiores al 50 por ciento.
El plan está centrado en el empleo, los recursos económicos, la educación, las personas dependientes y los inmigrantes, pero no se preocupa de la exclusión política. Los autores incluirían en él una dotación presupuestaria para "programas de sensibilización e incidencia política" a cargo de asociaciones y ONGs.
LAS AYUDAS NO 'COMPRAN' VOTOS
El estudio concluye que las personas en riesgo de exclusión que utilizan los servicios sociales básicos son más proclives a ir a votar, pero no es así en el caso de los colectivos que ya sufren exclusión. De manera similar, las personas excluidas que cobran prestaciones universales (como la de desempleo), tienden a votar más que quienes no lo reciben, pero no sucede lo mismo con quienes reciben ayudas directas relacionadas con su situación de exclusión.
Es decir, que "los Gobiernos no pueden comprar a los pobres" y que todo apunta a que "las políticas del cheque que promueven los partidos conservadores no sirven por sí solas para mejorar la situación de exclusión política de los más desfavorecidos".