En su discurso durante el debate de la resolución, ha desgranado el contenido del texto que augura "un futuro radicalmente nuevo, de justicia social" que permitirá dejar atrás a una Cataluña subordinada, pero también a los recortes y la corrupción, en sus palabras.
Asegura que esta propuesta no es una declaración unilateral de independencia, todavía no, ha puntualizado: "Es un acto íntegro de soberanía y un acto de ruptura de la legalidad que nos niega la posibilidad de ser pueblo".
Actúan así ante el "fundamentalismo constitucionalista" y la legalidad hecha búnker del Gobierno central, según ha dicho, y ha lamentado que el Parlament debe ejercer la representación política del pueblo catalán bajo amenaza, por lo que ahora está haciendo un ejercicio para devolverle la plena soberanía.
Ha proclamado que hace precisamente un año, el 9 de noviembre de 2014, dos millones de catalanes desafiaron al Tribunal Constitucional y votaron en un acto de desobediencia civil, y que el Alto Tribunal ya quedó entonces desautorizado, y ahora está "deslegitimado y sin competencia" en Cataluña.
Sobre su plan de choque, ha detallado que proponen medidas de urgencia que contemple como derechos fundamentales la vivienda, el agua, la luz, la energía, el acceso universal a la sanidad, el derecho al aborto, y una educación pública y catalana, entre otros puntos.