Según la plataforma -integrada por once asociaciones de familiares de desaparecidos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y particulares-, la cifra asciende a 42.131 en Andalucía, 14.660 en Castilla-León, 8.851 en Castilla-La Mancha, 3.424 en Madrid, 6.000 en Asturias, 29.034 en la Comunidad Valenciana, mil en Murcia, 9.538 en Aragón y 7.000 en Galicia. Además, la lista incluye 2.535 desaparecidos en Cantabria, 1.900 en el País Vasco, 3.920 en Navarra, 2.070 en La Rioja, 2.211 en las Islas Canarias, 768 en Ceuta y Melilla, 1.486 en las Islas Baleares, 3.338 en Cataluña y 9.486 en Extremadura. En el listado también figuran los nombres de asesinados o desaparecidos fuera de España.
La presidenta del Forum per la Memoria del País Valenciá, Empar Salvador, ha insistido en que la cifra es "orientativa" y ha subrayado que "no hay que perder de vista que cada uno de esos números era una persona, con todo su entorno familiar".
Cecilio Gordillo, de la CGT, ha destacado que Garzón es "el único ciudadano de este país que ahora tiene un listado de desaparecidos, a pesar de que la mayoría de la documentación ha salido de las tripas del Estado, de todo tipo de archivos". No obstante, Gordillo ha asegurado que "hay muchas otras investigaciones realizadas a las que no se ha podido tener acceso" a pesar de que "muchas de ellas han sido financiadas con dinero público". Gordillo ha puesto el ejemplo de Andalucía, que "lleva financiando proyectos de ingestigación relacionados con esto desde 2003" y que "no ha aportado ni un solo dato producto de esas investigaciones".
Al margen de los requeridos por el juez, "que sepamos, sólo Galicia y Cataluña han entregado documentación", ha afirmado Gordillo, que ha advertido de que, "al no haber hecho el Estado su asignatura, habrá muchos nombres que estén duplicados e incluso triplicados" en la lista, "al ser originarios de una comunidad y víctima en otra".
El representante de la CGT ha reconocido su preocupación por este fenómeno, que "puede dar pólvora a algunos, que pueden empezar a argumentar que estamos inflando las cifras". Nombres por duplicado y triplicado
Falta de "voluntad política"
Maqueda ha explicado que con la entrega del listado se pretende "reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales". "No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven", añadiendo que "si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean".
También ha opinado que el "retraso" del Gobierno en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica, se debe a "una ausencia total de voluntad política", para apostillar que "el trabajo lo estamos haciendo familiares y asociaciones". AC