"Son preceptos que tienen por objeto posibilitar que, en caso de separación, se asuman funciones propias del Estado", ha señalado la 'número dos' del Ejecutivo, que ha explicado que esta norma, aprobada por el Parlamento catalán el pasado 11 de marzo, vulnera competencias de la Constitución.
"Si inconstitucional es declarar la soberanía del Parlamento de Cataluña, inconstitucional es sentar las bases para ir trabajando en estructuras de un Estado que pudiera considerarse soberano", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La propuesta de recurrir al Tribunal Constitucional, al que el Gobierno solicita la suspensión automática de la vigencia de esta ley, tiene el apoyo del Consejo de Estado con el informe favorable de la Abogacía del Estado, entre otros organismos.
HOJA DE RUTA SOBERANISTA INCONSTITUCIONAL
Según la vicepresidenta, el Tribunal Constitucional ha ido declarando ya inconstitucionales "distintos elementos" de la hoja de ruta soberanista como la declaración de soberanía o la ley de consultas.
También las actuaciones del Gobierno autonómico para preparar el denominado "proceso de participación ciudadana" el pasado 11 de noviembre, que ayer fueron calificadas de inconstitucionales.
"Ya hay un principio clarísimamente asentado por el TC que es que la soberanía corresponde al pueblo español y las competencias se ejercen a través del Estado", sostiene.
COMPETENCIAS ESTATALES
Sáenz de Santamaría ha explicado que en concreto el objeto del recurso es la impugnación de dos artículos, el 69 y el 95, y diversos dispositivos adicionales (22, 23, 24, 25, 26) de la ley catalana 3/2015.
Entre otras cosas, se impugna una disposición adicional que pretende crear un plan para que el Ejecutivo catalán gestione todos los impuestos catalanes "incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior".
En este sentido, ha asegurado que se vulnera la Carta Magna en artículos como los que afectan a la reserva del Estado en materia de administraciones públicas y relaciones internacionales así como los relacionados con la soberanía, autonomía e igualdad de los españoles.
Asimismo, el Ejecutivo rechaza que el Gobierno catalán pretenda regular un inventario con el que "dividir" los activos y pasivos de la Administración General del Estado.
INFRAESTRUCTURAS EN CASO DE "DESCONEXIÓN"
Otra disposición adicional que el Gobierno ve "inconstitucional" es la relacionada con el catálogo de "infraestructuras estratégicas" que incluye el agua, la energía, los aeropuertos, puertos o telecomunicaciones "para garantizar su continuidad en caso de una desconexión legal con el Estado". "Son infraestructuras de competencia estatal", ha alegado Sáenz de Santamaría.
También ve ilegal que la Generalitat contemple la creación de la agencia catalana de protección social con vistas a "asumir competencias del Estado en materia de Seguridad Social" y uno de los artículos de la norma que regula la nueva función del servicio meteorológico de Cataluña ya que es "competencia exclusiva del Estado".
El artículo 95, según ha detallado la vicepresidenta, relativo a la ordenación de los equipamientos comerciales, supone unas "restricciones que no se motivan ni justifican por motivo de interés general" y vulnera de la legislación básica del Estado en esta materia así como el derecho comunitario.
Por otro lado, el Ejecutivo ha acordado también recurrir un artículo de la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2015 porque va contra los presupuestos generales del Estado.