Así se recoge en un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros este viernes en respuesta a un requerimiento de incompatibilidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra una Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan suvbenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF.
Según ha informado el Gobierno, el Ejecutivo catalán reclamaba la derogación de la norma o la modificación de algunos artículos para que se distribuya entre las CCAA las consignaciones presupuestarias de esas ayudas, para que sean las autonomías, con competencia en servicios sociales, las que lo gestionen.
En su respuesta, el Gobierno se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que admite la intervención del Estado en asuntos de competencia exclusiva de las Comunidades. Esto puede darse "cuando resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional".
Pese a ello, el Ejecutivo aclara que en las próximas convocatorias de este tipo empleará el rango de real decreto y no el de orden ministerial.