La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha recordado este martes que la Constitución Española otorga al Estado "en exclusiva" la competencia en legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamiento hidráulico cuando las aguas de un río discurren por terrenos de más de una Comunidad Autónoma como, según ha dicho, es el caso de la cuenca de los ríos Nervión e Ibaizábal.
Así lo ha manifestado durante el Pleno que este martes se celebra en el Senado en respuesta a la pregunta que el senador del grupo parlamentario vasco José María Cazalis ha formulado acerca de la no transferencia de la cuenca de los rios Nervión e Ibaizábal como cuenca intracomunitaria al Gobierno Vasco.
Así, Tejerina ha afirmado que desde el Gobierno mantiene la "mano tendida" y están abiertos al "diálogo" aunque, eso sí, "desde el respeto" a la Constitución, a las normas y al ordenamiento jurídico".
En este sentido, ha matizado que desde el Ejecutivo llevan tiempo trabajando con el Gobierno vasco "para actualizar" el convenio sobre las gestiones del dominio público hidráulico. "Trabajamos en un texto acorde con la legislación de aguas y respetuosos con la Constitución" al tiempo que "refuerce" la coordinación entre organismos, ha puntualizado.
UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCAS
La ministra ha defendido el principio de unidad de gestión de cuencas como algo "fundamental" y "absolutamente necesario" para una buena gestión y "en sintonía" con los criterios de eficiencia, eficacia y racionalización que defiende el Gobierno de Mariano Rajoy.
Por su parte, el senados Cazalis ha puesto de manifiesto que hay un 1 por ciento de la superficie de la cuenca fuera de Euskadi de aguas subterráneas "sin ningún tipo de aprovechamiento" y, por ello, ha pedido que sea considerada "estrictamente intracomunitaria y competencia exclusiva del Gobierno vasco". Según ha explicado, en este momento la cuenca corresponde a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a pesar de que es la agencia vasca la que se encarga de las labores de inspección y de control, entre otras cuestiones.
Además, atendiendo a los criterios de racionalización de la Administración Pública y de eficiencia en la gestión, el senador cree que este sistema es "contrario" a ellos. De este modo, ha pedido al Ejecutivo que reflexione para acometer las modificaciones legales que permitan cumplir con el principio de unidad de gestión.