El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para delegar en las comunidades autónomas con las competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia y las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.
A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha dado el visto bueno a este texto que suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que "en ocasiones han resultado poco operativos e innecesariamente costosos" y han producido "un incremento de la litigiosidad".
Según ha informado el Ministerio de Justicia, la primera medida persigue una "agilización de los trámites de jubilación y una organización más eficiente" al hacerse cargo los mismos los órganos de las comunidades que ya gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.
Por su parte, los tribunales delegados territoriales podrán seguirse constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.
El denominado anteproyecto de la Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de reformas económicas gubernamentales para corregir "ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia".
Dicha Comisión se ha encargado de la revisión de las distintas propuestas de simplificación, eliminación de duplicidades y mejoras de gestión presentadas por los distintos Ministerios, que han culminado en su informe de 21 de junio de 2013.