El Gobierno ha remitido este viernes al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Seguridad Privada con el que se aumenta el control sobre las actividades de los detectives privados. Desde el momento en el que esta Ley entre en vigor, tendrán la obligación de hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías.
"No se trata de privatizar la seguridad sino aprovechar el potencial de la seguridad privada para mejorar en algunos ámbitos la seguridad", ha defendido el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha recordado que la última ley sobre esta materia era del año 1992 y no respondía a las necesidades actuales tras el desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.
Desde el pasado mes de abril, Interior ha realizado un periodo de audiencias entre diferentes instituciones entre las que el ministro ha querido destacar la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión de Defensa de la Competencia o el colectivo de joyeros, "uno de los usuarios más importantes de este sector". En total han sido escuchadas hasta 44 empresas del sector, además de usuarios, sindicatos y expertos.
Fernández Díaz ha destacado la importancia de este sector recordando que en 2012 facturó 3.500 millones de euros por medio de 1.500 empresas que han empleado a 85.000 personas. A pesar de ello España está por debajo del ratio europeo, según Interior.
Dentro de este colectivo los detectives privados son en torno a 1.500. Según ha reconocido el ministro, tenían "una opinión negativa" al anteproyecto del texto, principalmente por el hecho de que la regulación limitaba esa actividad, hasta ahora muy "dispersa". "Lo que se trata ahora es sistematizarlo porque es una actividad que afecta a inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad personas y familiar", ha comentado Fernández Díaz.
Entre el anteproyecto presentado en abril y el articulado que se remitirá al Congreso hay pocas novedades, según el ministro, quien ha informado de que una de ellas es que finalmente se ha optado por mantener la incompatibilidad entre empresas de seguridad y detectives vigente desde 1992, pero que se iba a eliminar. De este modo, una empresa de seguridad no podrá hacer investigación privada y viceversa.
INFORMES DISPONIBLES PARA JUECES Y POLICÍAS
Según han informado a Europa Press fuentes de Interior, el resto de novedades destacadas en abril se mantienen. Entre ellas la obligación de que las empresas de detectives privados tendrán que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías.
Esta será una de las principales novedades de la nueva ley que incrementa "el control sobre la actividad de los detectives privados" con nuevas obligaciones que consisten en "documentar los encargos en un contrato escrito" y en que "además del libro-registro que ya llevan", tendrán que elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos".
Ese informe "estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial", precisaba el anteproyecto en el que además se obliga a estas empresas a "presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior".
Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.
PROHIBIDO MATERIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTIMIDAD
Precisamente, la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", explicó el ministro del Interior.
También se contemplan nuevos servicios que hasta ahora no estaban regulados o necesitaban actualizarse. Es el caso de los servicios de videovigilancia de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas, vigilancia de polígonos, urbanizaciones o zonas comerciales, servicios de planificación y la vigilancia perimetral de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sobre este último punto, el ministro del Interior aseguró en su momento que esta iniciativa también ha sido solicitada por Cataluña, única comunidad autónoma que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas.