El Gobierno ha dejado en manos del Consejo Económico y Social (CES) la posibilidad de reclamar o no los más de 400.000 euros en dietas que, según el Tribunal de Cuentas, se repartieron indebidamente los agentes sociales en 2010 pese a que sólo podían abonarse a los consejeros.
En su informe sobre el ejercicio de 2010, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas desveló que sólo uno de cada cuatro euros destinados a pagar dietas de asistencia a los miembros del CES acabó en manos de los consejeros, pues el resto se desvió hacia las organizaciones que los apadrinan, patronal y sindicatos, lo que supone no cumplir con los fines previstos y además un perjuicio para la Hacienda Pública, ya que la tributación es distinta.
Los consejeros del CES, que no forman parte de la platilla de la institución, tenían autorizados por Hacienda el cobro de 445,62 euros por cada asistencia a los Plenos, 222,81 euros por ir la Comisión Permanente y 178,26 euros por estar en las Comisiones o Grupos de Trabajo del Consejo.
SÓLO UNO DE CADA CUATRO EUROS SE PAGÓ BIEN
Ahora bien, el Tribunal de Cuentas comprobó que tan sólo el 24,85% de los pagos devengados por las asistencias a esas reuniones (un total de 133.200,45 euros) tuvieron como destinatarios a los propios consejeros. Y el otro el 75,15% (402.882,93 euros) fue a parar a las organizaciones a las que representaban los consejeros, pese a que éstas ya tienen asignadas compensaciones por la realización de actividades vinculadas al CES.
"Ni los consejeros pertenecientes a las cuatro organizaciones sindicales que componían el grupo primero del Consejo (CCOO, UGT, CIG y ELA), ni los consejeros de la CEOE (única organización integrante del Grupo Segundo del Consejo), recibieron las cantidades devengadas por sus asistencias a las reuniones del Consejo, que en el ejercicio 2010 ascendieron a 191.830,77 euros y 155.882,76 euros, respectivamente, cantidades que fueron íntegramente satisfechas a las propias organizaciones sindicales y empresariales a las que representan", denunció la institución fiscalizadora.
Tras conocerse el informe, la portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, registró una pregunta en el Congreso pidiendo explicaciones al Gobierno para saber si pensaba adoptar alguna medida ante estas financiación encubierta de los agentes sociales.
Pero el Gobierno, en una respuesta remitida al Congreso y a la que tuvo acceso Europa Press, se 'lava las manos' y señala que es el CES quien debe decidir si toma medidas para, en su caso, reclamar el dinero cobrado indebidamente.
EL CES TIENE AUTONOMÍA
"El organismo que tendrá legalmente la capacidad para reclamar, en su caso, las dietas cobradas por asistencia no realizadas, sería el propio Consejo Económico y Social, dado que tiene autonomía de gestión presupuestaria conforme a su Ley de 1991 y al Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de 1993", despeja el Ejecutivo.
A su juicio, el problema no reside en la normativa vigente que regula el cobro de dietas e indemnizaciones por razón del servicio, "sino en su aplicación inadecuada por parte del Consejo Económico y Social en el año 2010 según el informe del Tribunal de Cuentas".
Lo que ofrece el Ejecutivo es "arbitrar las medidas oportunas para reforzar el control del organismo y corregir las deficiencias de gestión detectadas por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2010". "En consecuencia, más que una modificación de la normativa, lo que procede es reforzar la fiscalización en el cumplimiento de aquella, para lo que el Gobierno planteará las modificaciones normativas pertinentes", agrega.