Entre ellas se encontrarían el refuerzo de la capacidad inspectora y de la cooperación con la AEAT, la creación de nuevos censos de contribuyentes, la implantación de obligaciones formales en determinadas actividades económicas para mejorar el control sobre las mismas y el establecimiento de medidas cautelares para garantizar el pago de las deudas tributarias.
En nota de prensa, El Gobierno de Extremadura se ha mostrado "decidido" no solo a promover una rebaja de impuestos que "deje el dinero en el bolsillo" de los extremeños y estimule la actividad económica a través del consumo, sino también a que la carga fiscal se reparta de manera "justa".
Se pretende con ello evitar que, frente a quienes cumplen sus obligaciones tributarias, haya otras personas "poco solidarias" que "aprovechen los servicios sin contribuir como debieran a su sostenimiento".
Con el fin de avanzar en este último aspecto, el "reparto justo" de las obligaciones tributarias, la reforma fiscal que prepara el Gobierno de Extremadura incluye una "amplia batería" de medidas antifraude, que se complementan con el refuerzo de otras actuaciones en el mismo sentido.
Entre las primeras destacan la creación de nuevos censos tributarios y nuevas obligaciones formales, la "regulación completa" del procedimiento de derivación de responsabilidad y el establecimiento de medidas cautelares con el fin de asegurar el cobro de todos los ingresos de derecho público.
ERRADICAR LAS POSIBLES BOLSAS DE FRAUDE
Con los nuevos censos, como ha asegurado el Ejecutivo regional, se tratará de erradicar las posibles bolsas de fraude en actividades como la compraventa de vehículos de segunda mano, en la compraventa de oro y otros metales preciosos y en la compraventa de bienes muebles usados, entre otras.
Además, se pretenden establecer medidas cautelares para garantizar el cobro de las deudas tributarias. Precisamente es en esta última fase del proceso en la que se dan los "mayores problemas", según ha apuntado el Gobierno de Extremadura.
"Se dilata el procedimiento mediante recursos y aplazamientos y cuando queda resuelto, la Hacienda Pública se encuentra con que ha habido un desplazamiento artificial del patrimonio del contribuyente y la deuda no puede cobrarse", ha apuntado.
En este sentido, lo que se pretende es fijar "cautelas desde el inicio del proceso" para evitar estos supuestos, fundamentalmente en lo que se refiere a bienes muebles e inmuebles.
En segundo lugar, se pretende impulsar la actividad inspectora, y favorecer los intercambios de información en materia tributaria con la Agencia Española de Administración Tributaria.
La combinación de estas medidas y otras más que se detallarán en la nueva ley, junto a la bajada de impuestos que contiene esta reforma, supondrá "previsiblemente" el afloramiento de economía sumergida, "mejorando así la recaudación y también la protección de quienes ahora trabajan sin ninguna cobertura legal", según ha expuesto el Gobierno regional.