Gallardón: "El Gobierno no va a desfallecer, compartimos el dolor de las víctimas"

Aunque no hay "fórmulas mágicas" que resuelvan en un breve plazo de tiempo un problema "tan extenso y complejo", el ministro ha propuesto un catálogo de medidas en las que están implicados los Ministerios de Interior y Sanidad y la Fiscalía General del Estado.

Entre ellas, ha anunciado la creación de un censo de posibles afectados y una base de datos dependiente del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que permita cotejar los perfiles genéticos e incorporar los datos de los laboratorios privados, con una valoración técnica previa.

Además, España propondrá la introducción de una enmienda a un reglamento que tramita la Unión Europea para facilitar el acceso a los archivos sanitarios y así determinar la filiación natural.

Hace unos días, Mar Soriano, portavoz de la 'Plataforma afectados clínicas de toda España. Causa de los niños robados', explicó que trasladaría a los titulares ministeriales que "lo prioritario" radica en abrir los archivos. "Si interviene el Estado, la Ley de Protección de Datos no le impide buscar los datos", añadió.

"Pedimos que el Estado tome la batuta y haga de gestor en la lectura de los archivos", indicó Soriano, que subrayó también la necesidad de crear Oficinas de atención a las víctimas en cada comunidad autónoma para "gestionar las actuaciones" derivadas de la causa.

La primera toma de contacto entre las asociaciones y el Ministerio de Justicia tuvo lugar el pasado 10 de febrero. En ella, el secretario de Estado, Fernando Román, quiso conocer las inquietudes y la postura de las organizaciones, y transmitirles el apoyo de la Administración.

Entre las reivindicaciones trasladadas el pasado ese día por la Plataforma Nacional de Niños Robados, la Asociación andaluza de Bebés Robados, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), el Colectivo Sin Identidad de las Islas Canarias y SOS Bebés Robados figuraba el reclamo a mantener actuaciones uniformes por parte de los fiscales provinciales.