En su último auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha librado oficio a la Intervención General del Estado para que designe a dos peritos que emitan un informe en el que den su parecer "coincidente o divergente" con los documentos aportados ante el magistrado tanto por la Generalitat como por el exdirector de Cacsa Jorge Vela.
Y es que Vela ha entregado al Juzgado un escrito en el que defiende que Cacsa es una "unidad institucional" diferenciada de la Generalitat, "al gozar de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal que es la explotación de las actividades y servicios que se desarrollan en sus instalaciones". Es más, precisa que está clasificada como productor de mercado que se financia "básicamente" con sus ingresos comerciales por la venta de bienes y servicios, suponiendo las subvenciones de explotación, según Vela, menos del 1 por ciento del total de sus ingresos.
En esta misma línea, Vela asevera que el organismo que dirigió no forma parte del sector de Administraciones públicas, toda vez que sus déficit anuales y deudas no consolidan con las cuentas de la Generalitat a los efectos de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Cabe recordar que el juez ya libró mandamiento al Registro Mercantil Provincial de Valencia a fin de recabar datos en torno a las cuentas anuales de Cacsa, más en concreto las correspondientes en concreto a los años 2004, 2005 y 2006, con el objetivo de ahondar en la vinculación que tuvo Cacsa con el Instituto presidido por el yerno del Rey Don Juan Carlos entre 2004 y 2006.
Y es que la relación de Casca con las investigaciones sobre Nóos se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma. Uno de ellos iba dirigido a la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y el otro fue suscrito por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, entonces presidida por el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
LA DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ PONS, PENDIENTE DE FECHA
De hecho, el propio González Pons fue citado como testigo para ser interrogado en esta causa si bien finalmente fue suspendida su declaración por problemas de agenda, sin que hasta el momento se haya fijado nueva fecha para su comparecencia. Mientras tanto, los investigadores han tomado declaración hasta ahora a exaltos cargos de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento por los pagos realizados a Nóos.
En concreto, en el marco de esta pieza del caso Palma Arena, se encuentran imputados entre otros la directora de gestión de Cacsa entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; quienes fueran directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y Vela, que lo relevó en el cargo hasta 2009, y el empresario valenciano Miguel Zorío.
Asimismo, también han sido encausados el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón, quien anteriormente ocupó el cargo de responsable de Grandes Eventos del Consejo, y la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de esta sección en Cacsa, María Ángeles Mallent.