Se trata de una de las conclusiones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en una ampliación de atestado elevada este jueves a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tras analizar la amplia documentación, entre la que se incluyen numerosos correos electrónicos, aportada por el director general de Mercasevilla, Manuel Blanco.
En dicho atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO señala que, de manera previa a la convocatoria del concurso público, "han existido contactos" entre Sanma Desarrollos Urbanísticos y Mercasevilla, contactos que "se han mantenido tanto en fechas anteriores a la decisión de convocar el concurso público como en fechas posteriores a éste".
Al hilo, dice que los documentos aportados por Manuel Blanco "son evidencia de que, una vez realizadas las correspondientes consultas y emitidos los informes de valoración jurídicos y técnicos sobre la conveniencia de realizar la opción de compra mediante concurso, se continuaron manteniendo contactos entre la sociedad adjudicataria y el poder adjudicador", contactos que "se produjeron por medio de los abogados de ambas sociedades".
Estos abogados, según la Guardia Civil, "negocian la subrogación por parte de Sanma del derecho de superficie en los terrenos de Mercasevilla que tiene la sociedad Larena 98, confeccionando un protocolo de intenciones en el que se incluyen la subrogación del derecho de superficie y el ejercicio de un derecho de opción de compra".
Así, el 24 de junio de 2005 "se llega al acuerdo de que Sanma abonaría a Larena 98" la cantidad de 1.080.000 euros por la subrogación del derecho de superficie de los terrenos, punto en el que la Guardia Civil apunta que en el formato de pliego de condiciones "se observa como el punto más valorado" el referido a la titularidad de derechos de superficie.
La Guardia Civil cree que "parece claro" que Sanma "le envía a Mercasevilla, antes de la publicación del pliego de condiciones del concurso, un formato de pliego de condiciones en el que se observa como el punto más valorado la titularidad previa de derechos de superficie",
El Instituto Armado dice que, aunque "parece ser que existían otras sociedades con derechos de superficie o cualquier otra titularidad en el sector", finalmente Sanma fue "la única sociedad de las que licitaron al concurso que tenía titularidad de derechos de superficie en el sector", ya que "había adquirido dicha titularidad a través de la subrogación en el derecho de superficie" que tenía previamente Larena 98.
La Guardia Civil destaca que finalmente Sanma pagó 1.080.000 euros a Larena por la subrogación en el derecho de superficie, cuando inicialmente se comprometió a abonar 900.000 euros, una circunstancia que "resulta cuanto menos extraña" debido al "riesgo de que no resulte adjudicataria del concurso del derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos" de Mercasevilla.
El atestado también hace alusión al hecho de que, "apresuradamente" y a falta de dos días para que finalizara el plazo de presentación de ofertas, Mercasevilla suscribió un contrato con la Universidad de Sevilla para la confección de un informe sobre el análisis técnico y valoración del pliego de condiciones del derecho de opción de compra por los terrenos del merca "a los efectos de facilitar las correspondientes tablas de ponderaciones" de las ofertas.
Por último, la Guardia Civil hace referencia a las ofertas presentadas por Construcciones Juan de Robles, Prasa y Azucareras Larios, que coincidieron en ofrecer 105 millones de euros por los suelos, que era el precio mínimo de compraventa final, añadiendo que "carece de toda lógica valorar con 15,96 sobre 20 estas tres ofertas", pues "en caso de haber sido inferiores en 0,01 euros habrían estado fuera de concurso por no llegar al precio mínimo de compraventa final fijado en el pliego de condiciones del concurso".