El pasado mes de julio, el instructor del expediente propuso que se le impusiera sanción por dos faltas graves, si bien finalmente el órgano de gobierno de los jueces ha optado por sancionarle por una sola de ellas aunque con una cantidad más alta que la contenida en la propuesta, que era de 600 euros en total.
Tras conocer el fallo, el magistrado ha asegurado a Europa Press que ha actuado "correctamente" y ha expresado su oposición a la decisión tomada por el órgano de gobierno de los jueces. "Me opongo a la decisión y lo llevaré hasta donde tenga que llevarlo", ha avanzado.
En este sentido, ha recalcado que "la falta de medios materiales y personales de la Justicia ya es conocida como la vía principal de ataque a la independencia de jueces y abogados, como el propio Relator ha informado en diversas ocasiones".
Sobre el expediente, ha explicado que pidió sin éxito refuerzos para el juzgado durante 2008 a 2009 ante la enorme carga de trabajo que se concentraba por aquellas fechas en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.
"Después de que me desatiendan en las peticiones de ayuda, una vez alcanzada la saturación del juzgado pretenden hacerme responsable de los retrasos en la tramitación de causa de especial complejidad parada por la acumulación de casos, sin atender al mucho trabajo realizado en otras causas aún más complejas", ha señalado.
Por ello, ha insistido en que "las personas individuales no pueden responder de defectos estructurales". De este modo, ha adelantado que recurrirá esta decisión, una vez que analice los pormenores del fallo judicial.
ALEGACIONES
Las alegaciones serán las mismas que en su día presentó durante la tramitación del expediente. En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado de Torres destacaba que el 'caso Guateque' le ha colocado en la situación de "un juez incomodo para los delincuentes investigados por diversos cuerpos policiales".
"Esto explica que la reacción de los imputados y su entorno se haya dirigido a hundir y apartar al Juez Torres de la investigación que estaba llevando, lo que llevaron a cabo a través de múltiples mecanismos, uno de los cuales ha sido, aprovechando la deficiencia e medios del Juzgado y o complejísimo de la causa -en realidad, de las causas-, el de la presentación de diversas denuncias por retrasos en la tramitación de los diversos procedimientos", recoge el documento.
A continuación, se exponen algunos de los obstáculos con los que se encontró en la instrucción. Por ejemplo, relata que la tramitación de tal causa fue encomendada en Secretaria a un oficial, "quien cesó por traslado y a partir de tal fecha de cese no se encomendó a funcionario alguno la tramitación de esa causa". "En tal causa cesaron las medidas cautelares de prisión adoptadas en fecha cercana al 17 de enero de 2008", añade.
Agrega que "se elevaron peticiones de refuerzo al TSJ y al CGPJ desde 2008 constando el estado de pendencias de causas en el Juzgado de Instrucción nº 32 a las fechas de petición de refuerzo: en enero de 2008 no excedían, aún, de 650 Diligencias Previas; y en enero de 2009 ya habían excedido de 800".
Además, esgrime que se abrieron diversas piezas separadas, entre ellas una de gran complejidad vinculada con el narcotráfico y que llevó a la desarticulación de un grupo mafioso que actuaba en la noche madrileña.
A juicio del letrado, "los hechos objeto de este ED no constituyen retrasos injustificados y, menos, son constitutivos de falta GRAVE". Por ello, solicitaba al CGPJ el archivo del presente expediente, por no ser ni haberse acreditado hechos constitutivo de infracción alguna.