El instructor en el Tribunal Supremo de la causa abierta contra el miembro de Bildu y senador de Amaiur Iñaki Goioaga ha solicitado a la Sala de lo Penal de este órgano que pida al Senado permiso para investigarle por presunta integración o colaboración con organización terrorista, han informado fuentes jurídicas.
En la exposición razonada que ha elevado a la Sala, el magistrado elimina del suplicatorio el resto de delitos que inicialmente se imputaban al senador, que eran los de financiación del terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.
El juez Colmenero ha dictado además una providencia en la que pone en conocimiento de las diferentes partes personadas que ya ha elevado su exposición razonada, si bien no le da traslado de la misma aunque deja una copia para que puedan consultarla en la sede del alto tribunal.
Goioaga declaró por voluntad propia ante el Supremo el pasado 2 de diciembre, conde aportó documentación para acreditar, según sus declaraciones a las puertas del tribunal, la "falsedad" de las imputaciones en su contra. Tras su declaración, tras la cual quedó y sin la imposición de medidas cautelares, Goioaga "en el trabajo jurídico profesional" que realiza como letrado.
El procedimiento contra Goioaga, que es senador a propuesta del Parlamento Vasco, se abrió el pasado 20 de septiembre en el Supremo a petición de la Audiencia Nacional.
En la exposición razonada que remitió el juez instructor, Eloy Velasco, éste destacaba que el miembro de Bildu estaba integrado, "con especial relevancia", en una estructura del frente de cárceles formada por abogados que, "aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejercen sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista".
El alto tribunal señaló en el auto por el que asumió la investigación, dada su condición de aforado, que la exposición de la Audiencia Nacional describe en detalle toda una serie de indicios de los que se puede inferir que pertenece al llamado Colectivo de Abogados BL, dentro del cual realizaría distintas funciones, tales como rondas o visitas planificadas a los presos de ETA o asistencia a distintas reuniones.
OTROS IMPUTADOS
En la causa que instruye Velasco hay otros 44 imputados, entre ellos los abogadosArantza Zulueta, Kepa Mancisidor, Ainhoa Baglietto y Alfonso Zenon, quienes se encargaban de la defensa legal de los presos "anteponiendo los intereses de ETA" a los de carácter personal, participaban en su adoctrinamiento político, facilitaban información sobre su situación a la dirección de la banda y les trasladaban sus directrices, según la investigación.
La instrucción realizada hasta ahora, según ya dijo el Supremo, aportan indicios relevantes de la posible existencia de una serie de organizaciones sectoriales, como el Colectivo de Abogados BL, pergeñadas por el conocido como Frente de Cárceles KT, y cuya finalidad sería realizar funciones de control y cohesión de los presos pertenecientes a dicha organización criminal, como a aquellas otras de la llamada izquierda abertzale, integradas en el Colectivo de Presos Políticos Vascos.
De los documentos que obran en la causa se puede inferir, según el auto dictado en septiembre por el Tribunal Supremo, que "la labor jurídica del colectivo al que pertenece Goioaga está supeditada a la labor política descrita".
También subrayaba que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del EPPK tendrían su origen en Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda.