En la querella, recogida por Europa Press, se argumenta que el entonces director del ACA adjudicó el 15 de enero de 2008 el contrato de forma "pactada y decidida previamente de acuerdo con la adjudicataria" por valor de 3,75 millones de euros, pero que posteriormente se formalizaron fuera de contrato otros 38 trabajos complementarios por valor de 3,93 millones.
Según la Fiscalía, los expedientes administrativos de dichos contratos presentan "un cúmulo de irregularidades tan numeroso y de tan grosero calibre" que permite concluir por ejemplo que su configuración fue un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito en favor de las empresas de la UTE, según sus palabras.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)