Izquierda Unida cree que, tras el asalto ultraderechista del pasado miércoles a la sede de la Generalitat catalana en Madrid, que se suma a otros actos violentos del mismo tipo, ha llegado el momento de que tanto el Ejecutivo como la Justicia actúen contra los partidos de extrema derecha. En concreto, ha pedido por carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que impulse el proceso para la ilegalización de Alianza Nacional y ha registrado una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a investigar a todas estas formaciones y, en su caso, a ordenar su disolución si incurren en ilegalidades.
Según ha informado la federación de izquierdas, ha sido el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, quien se ha dirigido por carta a Torres Dulce para pedirle que abra "un procedimiento de declaración del partido político Alianza Nacional como asociación ilícita y, en su caso, a promover su ilegalización y disolución".
En la misiva le solicita también que defienda "el interés general" y vele por que los detenidos por el asalto al Centro Cultural Blanquerna sean sancionados.
Llamazares recuerda que el Código Penal define como asociaciones ilícitas "las que promueven la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión y creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía o incitan a ello".
EXPULSAR A TODOS LOS INMIGRANTES
Además, el diputado de IU explica a Torres Dulce que Alianza Nacional, fundada en 2005, se declara "heredera ideológica de los fascismos europeos" y promueve --según consta textualmente en su declaración política "la expulsión de todos los colectivos de inmigrantes que soporta" España y "la revocación, con carácter general, de todas las concesiones de nacionalidad española a extranjeros".
También agrega que este partido, que aboga por la "acción directa", viene presentándose de forma testimonial en distintas convocatorias electorales y recuerda el caso de candidatura presentada en Chiva (Valencia), que "fue especialmente polémica, debido a que uno de los candidatos cumplió condena por el asesinato en 1993 del joven Guillem Agulló".
En paralelo, Llamazares y el portavoz de Interior de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, han registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a "investigar las conexiones nacionales e internacionales, su funcionamiento y organización, sus actuaciones, las redes de financiación, los objetivos y fines de las organizaciones y grupos de extrema derecha que promueven la violencia fascista, el racismo y xenofobia en el Estado español".
SI INCURREN EN ILEGALIDADES, DISOLUCIÓN
Se solicita que adopte "las acciones legales necesarias para la persecución penal en aquellos casos en los que de su organización u actividad pudiera derivarse responsabilidad conforme establece nuestra legislación".
En consecuencia, abogan por que, a la vista de estas investigaciones, se inicien "los trámites para la declaración de ilegalidad de los partidos políticos de extrema derecha, y su consecuente disolución".
En su iniciativa, IU recuerda que "en los últimos meses en la Comunidad de Madrid se han incrementado de forma alarmante "los ataques, amenazas y agresiones fascistas que han tenido como respuesta la pasividad de la Delegación del Gobierno". "Entre otros, varias sedes de IU han sido atacadas o han amenazado a cargos públicos, afiliados o simpatizantes", apuntan.