En declaraciones a los periodistas minutos después del anuncio de la medida en el Congreso de Ministros, Montero ha calificado esta decisión del Ejecutivo central como "una pésima noticia" al tratarse de "un derecho" que afecta a los aproximadamente 270.000 empleados públicos en Andalucía.
La consejera ha recordado que esta medida comenzó a aplicarse en enero de esto año dentro del marco legislativo de la Comunidad y ha afirmado que su recurso supone "un absoluto desprecio" para Andalucia y para estos trabajadores.
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