La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha subrayado este miércoles que actualmente "no hay ni diputados ni cargos públicos que tengan que asumir responsabilidades" políticas en el conocido como 'caso Marismas' porque "a día de hoy no hay ningún imputado o investigado judicialmente" por dicho asunto en ese ámbito, al tiempo que ha defendido la "colaboración" de la Junta con el juzgado que investiga este asunto.
Así lo ha trasladado la consejera en el transcurso de una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Popular para informar sobre responsabilidades políticas y actuaciones jurídicas por parte del Consejo de Gobierno "ante la implicación de exaltos cargos del Gobierno andaluz en las presuntas irregularidades cometidas en la subvención concedida por la Junta de Andalucía a la 'Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir' para obras destinadas a la modernización de regadíos".
Al comenzar su comparecencia, Ortiz ha recordado que este caso de presuntas irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidas por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir, tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos, "está siendo sometida a una actuación judicial en vía penal y en vía contencioso-administrativa", por lo que "la justicia es la que debe determinar las posibles responsabilidades jurídicas que pudiera haber" en este caso.
"A los demás nos corresponde ayudar, cooperar y no entorpecer" a la justicia, ha abundado la titular de Agricultura, que ha defendido que la Consejería que dirige "está actuando de manera impecable" en el ámbito judicial, prestando "colaboración con el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla", que investiga el caso, aportándole "toda la información que se nos solicita", y además "personándose en el procedimiento".
Ortiz ha añadido que el "primer objetivo" de la Consejería en este caso fue lograr "la recuperación de los fondos" públicos invertidos, y, para ello, inició un "proceso administrativo" que sirviera para "reintegrar hasta el último euro de inversión pública" destinado a este proyecto, que es lo que se exige una vez que ha finalizado este procedimiento, ya que en mayo de 2014 se dictó una resolución "acordando el reintegro de las cantidades debidas que se encuentran avaladas", y "a fecha de hoy el expediente de reintegro se encuentra en el ámbito de la jurisdicción contenciosa".
PP-A PREGUNTA POR MEDIDAS PARA EVITAR CASOS SIMILARES
Por parte del PP-A ha intervenido en este debate su diputada Rosalía Espinosa, quien ha anunciado que su formación va a llevar a cabo "una ronda" por las comunidades de regantes que han recibido ayudas para la transformación de regadíos porque consideran que es "muy importante saber cómo se utilizan los fondos públicos" destinados a este fin, y ha apuntado que el caso de la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir es "un claro ejemplo de cómo la Consejería viene incumpliendo durante años" sus objetivos en relación a la mejora de las infraestructuras agrarias en general y de los regadíos en Andalucía de manera particular.
Ha subrayado que esta inversión contaba con "una ayuda importantísima de fondos europeos de hasta casi el 70 por ciento del total" de la subvención, y ha expresado el interés por el PP-A por "saber cuál es la situación de estas infraestructuras de regadíos actualmente, si han mejorado sus condiciones, y cuáles han sido las actuaciones de la Consejería para evitar que esto vuelva a ocurrir".
Espinosa ha tildado de "increíble" el uso "tan alegre que se ha hecho en este caso de fondos públicos", y ha preguntado a la consejera si directores generales de su departamento "siguen recomendando el trabajo de unas empresas sobre otras a las comunidades de regantes" andaluzas, o "si ha tomado alguna medida para evitar que los comuneros o regantes de Andalucía se sientan impulsados a contratar o mirar con mejores ojos a unas empresas sobre otras".
Ha apuntado que, en función de las noticias de las que dispone, "la situación es muy preocupante", y ha mencionado el origen almeriense de José Luis Sánchez Teruel --actual secretario general del PSOE de dicha provincia y diputado autonómico, y que fuera director general de Regadíos de la Junta-- y de uno de los consejeros de Agricultura, Martín Soler, con cuya gestión ha coincidido "el devenir de este problema", para señalar que espera que "no sea una excusa para no dar una información lo más exacta posible a esta comisión, y que los trabajos de la Consejería no vayan dirigidos a esclarecer lo que haya pasado hasta con el último euro de fondos públicos".
ORTIZ: EL PP-A HACE UN 'TOTUM REVOLUTUM'
En su segundo turno, la consejera ha dicho no saber "a dónde quiere ir" la diputada del PP-A, a la que ha achacado la realización de un "totum revolutum" en este caso, y ha lamentado que pueda "poner en tela de juicio el trabajo y ejecución de muchos proyectos que en Andalucía llevan a cabo de forma eficaz muchas comunidades de regantes".
Tras insistir en que, en virtud del procedimiento iniciado por la Consejería, la referida comunidad de regantes "tiene que devolver hasta el último euro de inversión pública", Ortiz ha señalado que el PP "tiene que tener mucho cuidado con sus valoraciones" porque los procedimientos judiciales que tiene "abiertos" darían para llevarse "toda la comisión" con ellos.
Ha aprovechado la mención a Martín Soler para subrayar que recientemente ha sido "absuelto de cualquier imputación" en otro caso --en alusión al de los ERE--, y ha señalado que la representante 'popular' podría haber aprovechado para "pedir disculpas por las acusaciones infundadas" que se le han hecho a dicho exconsejero.
Ortiz ha remarcado que "el PSOE y el Gobierno andaluz tienen las máximas exigencias" en reclamar "responsabilidades políticas, cosa que no hace el PP". "No todos somos iguales", ha enfatizado, para apuntar que son otros quienes tienen "cuentas en Suiza e ingresos no justificables".
En su segundo turno, la diputada del PP-A ha continuado incidiendo en que "no son lo mismo las responsabilidades políticas que las judiciales", y respecto a las primeras, ha criticado que "no se asumen por el PSOE en la Junta desde hace 30 años" en asuntos relacionados con la gestión de fondos públicos, pese a que en dicho periodo de tiempo han sido "cientos de millones de euros los que se han malversado, usado mal y prescindiendo de cualquier normas de procedimientos".
Después de que Espinosa comentase, en referencia a la consejera, que "no sé si tiene cuentas en Suiza ni me importa", Ortiz ha comenzado su turno final respondiendo que no puede entender "cómo una diputada puede hacer esas aseveraciones", remarcando que sus cuentas son "transparentes y están colgadas en el portal de la Transparencia, y en mi casa no se debe ni una multa de tráfico", así como ha replicado que "las cuentas en Suiza son de muchos militantes del PP".
Respecto al secretario general del PSOE de Almería y diputado autonómico José Luis Sánchez Teruel, la consejera ha enfatizado que "no tiene la condición de imputado ni de investigado" por parte del juzgado de Instrucción que lleva el caso, y en todo caso ha insistido en que, "la asunción de responsabilidades políticas, el PSOE y la Junta la asumen desde el primer momento, cosa que no hace el PP".