Así se ha pronunciado Vázquez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que la juez que investiga los ERE fraudulentos tramitados por la Junta haya considerado "indebidos" los 51,5 millones cobrados en comisiones por Uniter y Vitalia, todo ello con independencia de que sitúen por encima o por debajo de la media del mercado, ya que, según informes de la Dirección General de Seguros, "para contratar con la Administración no hacen falta intermediarios".
Vázquez, que ha recordado que la Junta ya tomó medidas para evitar que volvieran a producirse este tipo de actuaciones (sobrecomisiones), "desconocidas" por parte de la Administración andaluza, ha insistido en que la figura de la mediación en materia de seguros está recogida por ley, y que Uniter y Vitalia están inscritas en el registro administrativo especial relativo a esa cuestión.
"Es una actuación que no sólo en da en Andalucía, sino que existen consultoras y mediadoras en la tramitación de ERE en otras comunidades y también en la propia Administración central", ha señalado el portavoz del Gobierno andaluz.
También ha destacado que desde principios de 2011, y una vez conocido el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en esta materia, la Junta puso en manos de la Intervención General el papel de estas figuras y la Consejería de Empleo impulsó un proceso de aclaración sobre estas medidas.
En concreto, según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, se les solicitó a las compañías aseguradoras certificados sobre 71 pólizas para que se aclarara el pago de estas comisiones. "Si alguna mediadora dice ahora que la Junta le debe 10 millones, tendrá que demostrar en virtud de qué se le debe", ha añadido.
LA JUNTA NO PARTICIPABA EN LA DESIGNACIÓN DE LAS PÓLIZAS
Vázquez ha querido dejar claro que la Junta no participaba en la designación de las pólizas, ya que eran acuerdos que se tomaban entre las asociaciones de trabajadores y aseguradoras. "Y eso es lo que está ahora mismos en la mesa de la Justicia", ha señalado el portavoz del Gobierno andaluz, que entiende que hay una parte que es legal "porque se ha hecho así en todas partes desde el comienzo de la democracia".
Asmismo, ha reconocido que se ha descubierto una trama que, aprovechando este mecanismo, ha intentado "sacar tajada". Ante tal hecho, el Gobierno andaluz colabora con la Justicia y espera que se actúe con la mayor "celeridad" para recuperar "hasta el último euro de dinero público defraudado".
En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, quien ha considerado que cuando la Justicia va lenta "nos perjudica a todos". "Una Justicia que trabaja al día sirve mejor a los andaluces, por lo que se requiere celeridad tanto en este caso como en otros", ha añadido.