La revisión se está produciendo en el seno de la mesa de seguimiento
del Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en materia de Vivienda de Promoción Pública propiedad de la Junta, según ha explicado la secretaria general autonómica de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Isabel Moreno Duque, durante una comparecencia a petición propia para tratar dicha temática este jueves en comisión en la Asamblea.
Así, ha apuntado que la citada mesa de seguimiento ha abordado la situación de los expedientes de desahucio que actualmente están "abiertos" en la anterior legislatura por falta de pago y que, según ha subrayado, "en el momento actual se encuentran paralizados porque están siendo revisados y valorados individualmente en atención a la situación particular de cada familia con el objetivo de renegociar cada impago".
"Estamos intentando renegociar el pago de aquellas familias que no pueden pagar, e incluso de las ocupaciones ilegales cuando demuestran arraigo", ha espetado Moreno Duque.
RESPONSABILIDAD
La secretaria general ha señalado que la Junta tiene "competencia exclusiva" en materia de desahucios y lanzamientos de viviendas, y ha negado el extremo defendido por algunas formaciones políticas, ha dicho, de que la Administración autonómica "pretende trasladar la responsabilidad de acordar sobre los alzamientos de viviendas de promoción pública a otras administraciones u otras instituciones distintas" del Ejecutivo regional.
Asimismo, ha resaltado el trabajo que se está realizando en el seno de la mesa de seguimiento y control del protocolo de la Junta, al igual que el hecho de que dicha administración esté informando en los ayuntamientos sobre los resultados de dichas labores.
Al respecto, ha incidido en que "todos" los expedientes que se abordan en las mesas de trabajo que se encuentran en marcha cuentan con los "correspondientes" informes técnicos. "También se ha intentado ensuciar las mesas de trabajo haciendo creer que la opinión de las plataformas suplen o prevalecen sobre los informes técnicos, y nada más lejos de la realidad", ha dicho.
DATOS POR CIUDADES
En concreto, ha explicado que en lo relativo a la ciudad de Mérida, ha explicado que en las reuniones mantenidas por la mesa del protocolo se han tratado 10 expedientes de desahucio (nueve por ocupación ilegal y uno por no ocupación).
"Se revisaron todos los expedientes, valorando la situación sociofamiliar de cada uno de ellos, llegándose al acuerdo de instruir expediente y solicitar informe social y policial sobre siete de los mismos, y de continuar con las diligencias con respecto de los otros tres", ha dicho.
A su vez, en otra reunión celebrada el pasado 10 de febrero por el grupo de trabajo para el estudio y valoración de los expedientes de desahucio en Badajoz se revisaron 22 expedientes (19 por ocupación ilegal, uno por vivienda en propiedad y dos por no ocupación). Sobre los tres últimos se acordó, según ha explicado Moreno Duque, "continuar con las diligencias del desahucio".
Mientras, ha indicado que el pasado 17 de febrero se celebró una reunión para el estudio y valoración de expedientes de desahucio en Plasencia y Cáceres, en la que se revisaron 6 expedientes correspondientes a la primera localidad y 10 relativos a la capital cacereña (cuatro por no ocupación, cinco por ocupación ilegal, y uno por vivienda en propiedad).
Por otra parte, también ha dicho que a la Junta le "preocupa y ocupa dar alternativa habitacional a las 304 familias que están esperando una adjudicación directa por estar en situación de extrema y urgente necesidad" en la comunidad.
POSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
A su vez, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha defendido que "hay que cumplir la ley" en materia de desahucios y de ocupación ilegal de viviendas.
Mientras, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha criticado el protocolo regional anti-desahucios de vivienda de promoción pública propiedad de la Junta, al considerar que no trata de evitar los desahucios, sino que "realmente es un protocolo de desahucios".
De igual modo, ha alertado de que en Extremadura, basándose según ha dicho en datos de Adicae, "sólo hay 200 viviendas sociales para las 3.000 personas que hay en riesgo de desahucio".
Por su parte, el diputado del PP Saturnino López Marroyo ha advertido de que "en Extremadura se siguen produciendo desahucios", y ha lamentado la "improvisación" del Ejecutivo regional del PSOE en esta temática.
Ha tachado así el protocolo 'anti-desahucios' de la comunidad como "un producto engañoso" que "sólo sirve para ratificar los desahucios"; al tiempo que ha incidido en que el PP va a mantenerse "muy atento" sobre estas cuestiones.
Mientras, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández González ha señalado que en la región, desde que gobierna su partido, "ya se han parado algunos desahucios para personas que no pueden pagar".
Además, ha reiterado el "firme compromiso" de la Junta de "suspender" los desahucios; y ha destacado que el protocolo autonómico sobre esta materia "viene a estudiar cada caso" de forma individualizada, mientras que el PP "metía todos los casos en el mismo saco".
INTERMEDIACIÓN BANCARIA
Finalmente, la secretaria general autonómica de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Isabel Moreno Duque, ha respondido a Podemos sobre datos de Adicae relativos a procesos de ejecución hipotecaria que lo que realmente dice este colectivo es que "pueden estar en proceso de ejecución hipotecaria 3.000 familias".
De igual manera, ha reiterado que la Junta tiene prevista la puesta en marcha de un servicio de intermediación bancaria en esta temática, y ha incidido en que éste no se encuentra aún en marcha "porque los grupos no aprobaron el presupuesto del gobierno (autonómico) socialista".