El inicio del proceso no estuvo exento de polémica por las restricciones impuestas por el tribunal a la presencia de los medios de comunicación para evitar la difusión del juicio.
Jorge Olivera, hoy octogenario, es considerado como uno de los mayores represores de la dictadura y está acusado de 120 secuestros, incluido el del escritor Haroldo Conti, y de los homicidios de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes de izquierda también uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw.
En este proceso, también serán juzgados otros cinco represores del régimen que gobernó el país de 1976 a 1983, aunque, por decisión del tribunal, en la primera etapa del juicio declararán cientos de testigos de casos que involucran sólo a Olivera, quien fue segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército.
El resto de los acusados, por un total de 154 secuestros durante el régimen de facto, son los generales Rodolfo Enrique Wehner y Teófilo Saá, además, de los coroneles Humberto José Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y José Menéndez.
Olivera, quien está libre al igual que los otros cinco acusados, había esgrimido hasta ahora problemas de salud para no presentarse ante el tribunal.
Durante su indagatoria dijo que sólo "transmitió órdenes sobre patrullas y ceremonial", y que supo de unas "diez o quince personas detenidas por sus subordinados".
La primera audiencia del proceso que lleva adelante el Tribunal Federal Oral Número 5 comenzó con tres horas de retraso y después de que se calmaran los caldeados ánimos de los periodistas y miembros de organismos de derechos humanos que pretendían que se difundiera el juicio.
El Tribunal Federal Oral Número 5 es el único que instruye juicios por crímenes de lesa humanidad, y que prohíbe el trabajo de camarógrafo y fotógrafos, pese a que en octubre pasado la Corte Suprema garantizó la difusión de estos procesos.
A raíz de las protestas que generó esta medida, el tribunal autorizó únicamente la presencia de un fotógrafo y un camarógrafo de medios oficiales argentinos por tres minutos, lo que provocó una airada reacción de los familiares de las víctimas.
Fuentes judiciales calcularon que hasta el próximo mes de abril no comenzará la etapa del proceso en la que se ventilarán los crímenes cometidos por los restantes cinco represores, que ocupaban eslabones intermedios en la cadena de mandos del Primer Cuerpo del Ejército.
Una ínfima porción de las víctimas de estos seis militares retirados sobrevivió para dar testimonio.
El resto integra la lista de desaparecidos durante la dictadura, que, según estimaciones oficiales, alcanzó las 18.000 personas, aunque los organismos de derechos humanos señalan que en realidad las víctimas fueron 30.000.