El informe, que será discutido el próximo jueves en la Comisión Permanente, dice que, de las sentencias pendientes, un 70,25 % pertenecen a los Juzgados de lo Penal y el 29,74 % restante está en los Juzgados Especializados.
"La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de Órganos", denuncia el estudio.
Por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000, y la Comunidad de Madrid, con 37.500.
Medidas de refuerzo
El CGPJ estima que "los anteriores datos inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".
El estudio propone medidas de refuerzo para los juzgados más saturados, como que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas creen un sistema informático de gestión procesal. Este sistema permitiría controlar las distintas fases de las ejecutorias.
Según el informe, también son necesarios cambios en las plantillas de los juzgados. El estudio propone que se cubran más plazas con personal titular y que se facilite a los interinos la formación necesaria. Esto evitaría circunstancias como la falta de experiencia del personal y la descoordinación entre el personal titular. Además, el funcionamiento de los juzgados deberá ser controlado durante un año. CGS / LGC