"Los cuatro constituían el núcleo duro de la estructura de los 'pianistas'" y García Montero era su responsable, en estrecho contacto con los jefes militares de la organización terrorista, según el acta de acusación, en la que se refieren varios asesinatos que se le imputan en España y cuya lectura ocupó buena parte de la primera sesión del proceso.
La jornada comenzó con un breve interrogatorio dirigido por la presidenta del tribunal, Anny Dauvillaire, que preguntó a los cuatro encausados su identidad, algo a lo que sólo se prestó totalmente a responder Thierry Idiart, el único que comparece en libertad y también el único de nacionalidad francesa.
García Montero y Aitor García Justo se negaron a colaborar, con el argumento de que se les ha puesto un intérprete en español, pero no como reclaman en euskera, que es la lengua que utilizaron hoy.
Asier Aranguren sí accedió a confirmar su identidad y, en francés, corrigió que su nacionalidad no es española, sino "vasca", antes de leer un discurso en el que denunciaba que no ponerles un intérprete en euskera demuestra que "se nos trata como ciudadanos de segundo nivel" y anunciaba que sólo intervendrán en vasco porque su objetivo es "recuperar nuestra identidad, nuestra independencia".
Dauvillaire, quien preside un tribunal compuesto íntegramente por jueces profesionales y que en este caso son todas mujeres, había recordado previamente que el español es lengua oficial en España, incluido el País Vasco.
De acuerdo con el acta de acusación, García Montero se puso al frente de la estructura de información de ETA desde enero de 2002, al tomar el relevo de sus predecesores detenidos a finales del año anterior, y ejerció esas funciones hasta su captura en Saintes (oeste de Francia) el 9 de mayo de 2003, cuando junto con los tres otros encausados iba a mudarse del piso franco que ocupaban.
Antes de este periodo, la presunta etarra de 34 años había formado parte del comando "Buruntza" y por su actividad en el mismo es objeto de tres demandas de extradición españolas por atentados cometidos en 2001, varios mortales, que no van a ser juzgados por el Tribunal de lo Criminal de París.
Lo que sí le reprocha la Justicia francesa es que García Montero consiguió "reconstruir", tras su desmantelamiento a finales de 2001, la unidad de información conocida como la de los "pianistas", encargada de recoger y centralizar todo tipo de datos sobre potenciales objetivos de atentados de la banda y para la extorsión en el cobro del "impuesto revolucionario".
Es más, en el acta de acusación se constata que "los 'pianistas' no sólo se preocupaban de recoger información" sobre personas susceptibles de ser víctimas de atentados, "sino también los medios para llevarlos a cabo".
Todo ello, agrega, "en estrecho contacto con los jefes del aparato militar" de ETA, primero con la pareja formada por Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi y, tras el arresto de ambos, con su sucesor, Juan Ibón Fernández Iradi, "Súsper".
Así, en la instrucción se alude a un correo de la supuesta etarra incautado en el que daba consejos sobre cómo montar un paquete bomba y otros mensajes redactados cuando que ya estaba encarcelada, en los que daba cuenta de sus conocimientos operativos para que quienes le sucedieran al frente de los "pianistas" pudieran continuar su actividad y les comunicaba una clave de acceso a la base de datos.
Esa base de datos, que responde a las siglas DGZ, estaba protegida de intrusiones por un complejo sistema de codificación que no pudo ser descifrado por la Policía, lo que, de acuerdo con el acta de instrucción, hubiera podido permitir la prevención de atentados.
Una parte importante del material incautado a los cuatro encausados en su detención eran cuatro ordenadores, así como cientos de disquetes y CD-Rom que constituían elementos básicos de DGZ, a los que se añadían cientos de otros documentos escritos con detalles de seguimientos a personas o informaciones que pudieran servir para atentar contra ellas.