El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado el "cinismo desmedido" del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, por defender que no hay tiempo para crear un nuevo impuesto para los más ricos puesto que requeriría la respaldo del Parlamento.
"Han tenido casi ocho años para hacerlo", ha recordado Lara en un comunicado, "no sólo no han mirado para otro lado sino que las exenciones fiscales a los más ricos han sido la dinámica seguida".
Según el coordinador federal de IU, este dato lo ha corroborado el Fondo Monetario Internacional, señalando que estas exenciones fiscales han alcanzado al equivalente de 4 puntos del PIB. "De no haber sido así, hoy nuestro déficit estaría dentro de los límites que marca la UE", ha sostenido Lara.
"A los miembros del Gobierno del PSOE, con Blanco a la cabeza, se les debería caer la cara de vergüenza cuando usan como coartada esa supuesta falta de tiempo, mucho más cuando se han lanzado como posesos, sin ningún miramiento político ni parlamentario, a reformar la hasta ahora 'sacrosanta' Constitución nada menos que en un par de semanas", ha añadido Lara.
El dirigente de la federación de izquierdas ha apuntado también al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien ha criticado por "vender humo" al anunciar un impuesto para ricos. "Blanco, la dirección del PSOE y el equipo económico del Gobierno de Zapatero dejan en evidencia el verdadero valor y alcance que tienen las grandilocuentes propuestas electorales que un día sí y otro también desgrana su candidato", ha defendido.
TENAZA DE PSOE Y PP
A juicio de Cayo Lara, el acuerdo entre PSOE y PP demuestra la "implacable tenaza" a favor de las sucesivas rebajas de impuestos a las rentas más altas, la rebaja del Impuesto de Sociedades o las bonificaciones fiscales.
"Todo ello ha tenido como consecuencia", ha concluido, "el descenso de ingresos para las comunidades autónomas, las gobernadas por unos o por otros, lo que tiene mucho que ver con el estrangulamiento financiero al que se enfrentan hoy las administraciones autonómicas y cuyas consecuencias van a pagar los ciudadanos con menos recursos con el grave deterioro de los servicios públicos".