La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a tres de los cinco anarquistas que fueron enviados a prisión el pasado 1 de abril por el juez Eloy Velasco en el marco de la denominada 'operación Piñata', al considerar que el magistrado adoptó esta medida sin concretar suficientemente los indicios que existían contra ellos.
En tres autos notificados este lunes, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal acuerda la libertad de Javier García Castro, Enrique Balaguer Pérez y Jorge Linares Izquierdo y les impone comparencencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios. A los dos primeros, además, les retira el pasaporte y les prohíbe salir del territorio nacional.
A pesar de que el juez Velasco les envió a prisión por formar parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), que habrían participado en "actos de coordinación y promoción de sabotajes y daños en 114 cajeros" y guardaban fotografías de "policías y comisarías" como posibles "objetivos" de sus ataques, la Sala considera que la "falta de concreción" de los indicios delictivos y las "circunstancias personales" de los imputados hacen que la medida de prisión provisional sea "innecesaria e inadecuada".
La defensa de García Castro, al que Velasco situó en "un nivel intermedio en el entramado y con un papel de mayor relevancia llegando a ejercer y preparar acciones de diferente importancia, peligrosidad y envergadura", alegó en su recurso que la vinculación que Velasco realizó entre los GAC y el terrorismo era "absolutamente gratuita".
LABORES EN UN CENTRO PASTORAL
Asimismo, argumentó que su cliente "tiene arraigo en España" y trabaja "de manera precaria" en labores de voluntariado en el centro pastoral San Carlos Borromeo de Madrid. A ello unía que practica deporte "de forma habitual" en el centro deportivo municipal Daoiz y Velarde de la capital.
En relación con Linares Izquierdo, el auto señala que no se le imputan acciones concretas "de los que pueda prodigarse su finalidad terrorista o su contravención típica", salvo "difusos" actos de proselitismo y gestión de coberturas e infraestructuras.
Los jueces añaden que el instructor tampoco justificó la vinculación entre el Grupo Autónomo de Madrid, al que este pertenecía, y la organización terrorista anarquista FAI-FRI. Los magistrados también ponen de relieve el arraigo social, familiar y laboral que ha acreditado el acusado, que asegura tener una "absoluta falta de conexión con hecho ilícito alguno".
En cuanto a Balaguer, afirman que tampoco se le atribuyen actos concretos y que no pueden "advertir si existe una reiteración en la conducta" que se investiga en en el Juzgado Central de Instrucción número 3, en el marco de la 'operación Pandora'.
INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN TERROSITA
Los tres, junto a los otros 12 detenidos en la operación, están imputados por un delito de integración en organización terrorista por pertenecer a un grupo "de tipo inserruccionista anarquista" que tenía la finalidad de "subvertir el orden público y alterar gravemente la paz pública".
También se investiga si los detenidos, a los que se incautaron manuales de fabricación de explosivos, tienen relación con los ataques que se produjeron en 2013 en la catedral de La Almudena de Madrid y la basílica de El Pilar de Zaragoza.
En concreto, el magistrado acordó el ingreso en prisión incondicional de Paul Jara, Jorge Linares, Javier García Castro, Javier Grijalbo y Enrique Balaguer. Este último fue detenido el 16 de diciembre pasado en el marco de la 'operación Pandora', que dirigió el juez Javier Gómez Bermúdez. Aunque fue puesto en libertad en febrero, ha continuado con su actividad delictiva, según Velasco.
LÍDERES DEL GAC EN TRES PROVINCIAS
Entre los arrestados --diez en Madrid, tres en Barcelona y dos en Palencia-- se encontraban los líderes de los GAC en estas provincias. En los registros de sus domicilios y de varios centros sociales ocupados se encontraban reivindicaciones de ataques cometidos con artefactos explosivos, documentos de organización y financiación y proselitismo de jóvenes para realizar actos terroristas y manuales de autodefensa y de técnicas para evitar el seguimiento y la detención policial.
Del mismo modo, los agentes se incautaron de dispositivos técnicos de acceso cifrado a wifi para hacer anónima su navegación por internet que estaban ocultos en bolsas de aseo.
El ataque en la catedral de La Almudena, que se produjo el 7 de febrero de 2013, y el de la basílica de El Pilar, que tuvo lugar el 2 de octubre de ese mismo año, fue reivindicado por el autodenominado 'Comando Insurreccional Mateo Morral', que debe este nombre al anarquista responsable del atentado contra el Rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda, en el que fallecieron varias decenas de personas.