El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en la que le reclama que la Fiscalía Anticorrupción abra "de oficio" una investigación sobre la actuación de los exdirectivos de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) para sustanciar las responsabilidades de hubiera lugar por haber actuado "sin escrúpulos" lucrándose cuando la entidad estaba "en plena ruina".
En su misiva, Llamazares recuerda que, de los 7.551 millones de euros que el Estado ha inyectado en el proceso de recapitalización de las cajas, 2.800 millones fueron a parar a la CAM, cuya gestión, según el propio gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fue "lo peor de lo peor".
"No es casual que los interventores del FROB destituyeran de inmediato al Consejo de Administración de la CAM y a su presidente, Modesto Crespo, prohibiéndole la entrada en su sede social", señala el diputado de IU. Además, hace un repaso de los datos "abrumadores" dados a conocer por el FROB en relación con esta entidad.
RETIROS DORADOS
Así, recalca que "la antesala de la intervención, el anterior director general, Roberto López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con un total de 15,5 millones de euros". "López Abad se habría embolsado 5,8 millones de indemnización; Agustín Llorca, dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano 1,5 millones y otros tantos Gabriel Sagristá", enumera.
Además, según destaca Llamazares, la sucesora de López Abad, María Dolores Amorós, "no quiso ser menos" y se atribuyó un sueldo de 593.040 euros anuales y una renta anual vitalicia de 369.497 euros por ejercicio. "Y todo ello, --denuncia-- sin informar a los órganos rectores de la entidad y pese a que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año".
EXPEDIENTES SANCIONADORES
El diputado considera que, con independencia de que el Banco de España exija la devolución del dinero embolsado, con intereses, y la apertura de expedientes sancionadores a los gestores, "ante la alarma social producida" también se pertinente que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio la posible existencia de ilícitos penales en la actuación de los mencionados ex directivos de la CAM, y en su caso, "se abran diligencias para sustanciar las responsabilidades de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja".
Asimismo, y teniendo en cuenta que el proceso de intervención se completó con la intervención del FROB en Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, el diputado plantea a Conde Pumpido que también se inicien investigadores similares en estas entidades. "Ante el quebranto producido, a esa Fiscalía corresponde la defensa de los intereses generales del Estado, de los depositarios y los contribuyentes en general, de cuyos bolsillos sale el dinero para la capitalización de las cajas intervenidas", argumenta Llamazares.