De este modo, la justicia española espera superar el escollo producido por la decisión inicial de este órgano de no extraditar al exmandatario por rebelión, que es el principal delito que se le imputa y que conlleva penas de hasta 30 años de cárcel.
Fuentes jurídicas han señalado que, en su petición a Alemania, Llarena acoge el sentido de su último auto, en el que rechaza los recursos de reforma presentados tanto por Puigdemont como por otros 22 procesados en esta causa y apunta la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión. Esto no quiere decir que renuncie a la calificación más grave, en la que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito.
También indicaba en este auto Llarena que en el "caso hipotético" de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña se podría atribuir a los procesados el delito de sedición, que conlleva penas más leves --de hasta 15 años-- o de conspiración para cometer cualquiera de los anteriores, que reduciría la condena máxima a unos siete años.