Poveda destaca la "contumacia" de la actividad desplegada por los procesados en el desarrollo de estas organizaciones y recuerda, que según las sentencias del Tribunal Supremo por las que fueron ilegalizadas, D3M y Askatasuna fueron creadas "con fines electorales por ETA para la articulación de su brazo civil".
"Aquéllos que se integran en esas derivaciones de ETA lo están haciendo en ésta, ya que aquéllas son ETA desde su creación", argumenta Poveda en el voto particular, en el que señala que todos los acusados participaron "de forma activa y preeminente en los partidos ilegalizados".
"RELACIÓN DIRECTA CON ETA"
El magistrado, que asume los argumentos que defendió la Fiscalía durante el juicio para solicitar penas de entre cinco y seis años y cinco meses de cárcel, expone que el derecho de participación política, invocado por los magistrados Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez para dictar la absolución, tiene el límite de que ambos fueron ideados como "sucesor de un partido político o agrupación ilegalizada" que tenía "una relación directa" con ETA.
A su entender, durante el juicio oral quedó "relacionada de forma expresa y extensa" la dinámica del "desdoblamiento" que activó la banda terrorista ETA para "potenciar una vía político-civil, bajo su dirección, utilizando los medios que la democracia institucional permite, mediante la utilización de diversos partidos políticos y agrupaciones electorales, con la finalidad de conseguir cuotas de poder municipal, autonómico o estatal".
Entre las pruebas señaladas por el magistrado discrepante se encuentran el hecho de que los acusados redactaran y registraran estatutos "calcados" a los de Herri Batasuna o recibieran dinero del también ilegalizado Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).