El juez desestima la petición de "separación y apartamiento" de los viajeros afectados porque los hechos acaecidos "obligan a reparar", los "daños y perjuicios" causados, lo que "incluye la indemnización de los perjudicados materiales y morales".
Los controladores aéreos alegaron que la acusación, representada por la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, no era "perjudicada directa" por lo que no podía ser parte legítima del proceso penal en el que están imputados 22 controladores.
El juez ordena la apertura de una pieza separada para tramitar las declaraciones de los afectados con el objetivo de no entorpecer la investigación principal.
Además, en el auto evita entrar a analizar el papel que tuvo Aena durante los sucesos que derivaron en el cierre del espacio aéreo y llevaron al Gobierno a decretar el Estado de alarma, pero considera que "posiblemente le sería de aplicación la responsabilidad civil subsidiaria".
Por otro lado, también adelanta que, a pesar de que los controladores aéreos no son empleados públicos, su función "pudiese encardinarse como funcionarios" con responsabilidad penal por un presunto delito de sedición, porque ejercen una función pública que es el control del tráfico aéreo.
Por su parte, el portavoz de la agrupación de afectados y abogado del despacho Cremades & Clavo Sotelo, Luis Vericat, en declaraciones a Europa Press calificó de "lamentables" las pretensiones de los controladores aéreos y celebró que el juez abra la vía para considerar a Aena responsable. "Son unos hechos muy graves que no pueden quedar impunes", añadió.
Por otro lado, ayer se hizo público que el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha ordenado la reapertura de la causa abierta contra 14 controladores del aeropuerto de Málaga que no acudieron a sus puestos de trabajo durante el conflicto aéreo.