Lo ha explicado a los medios tras presentar una querella en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona contra Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, en la que asegura que el matrimonio defraudó presuntamente hasta 3.000 millones de pesetas --unos 18 millones de euros-- y hubo comisiones a cambio de adjudicaciones durante 23 años.
"La OAC ha recibido durante años denuncias de empresarios que apuntaban a la corrupción de Pujol y no ha hecho nada", ha criticado, aunque ha dicho que tanto los presuntos viajes como esta presunta inacción de la Oficina Antifraude no se han incluido de momento en la querella porque el sindicato ha tenido constancia de eso en las últimas horas.
MEDIDAS CAUTELARES
Ha avanzado que Manos Limpias pedirá medidas cautelares contra el matrimonio, que podrán ir desde retirarles el pasaporte hasta comparecer cada ocho días en los juzgados: "También estudiamos si pedir una fianza por responsabilidad civil o, a pesar de la edad que tienen, la prisión eludible bajo fianza, porque no es ninguna locura".
"Estamos ante un entramado político, económico y financiero que se ha llevado a cabo con la complicidad de los sucesivos gobiernos españoles", según él, y ha añadido que CiU se quedaba con una media del 4% de cada obra y servicio que concedía a empresas privadas, una cifra que en algunos casos ascendía al 20%.
TESTIGOS Y PRÓXIMOS INFORMES
"Tenemos testigos dispuestos a demostrarlo", ha avisado, y ha recordado que la exnovia de Jordi Pujol hijo Maria Victoria Álvarez prevé aportar nuevas pruebas y documentos hasta ahora desconocidos que demuestran la supuesta corrupción de la familia a través de un entramado societario de 80 empresas.
Además, el sindicato aportará "en los próximos días" dos informes que está ultimando la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional, y que complementarán al que ya se ha incluído en la querella presentada este miércoles y que arroja datos sobre las supuestas comisiones ilegales cobradas durante los gobiernos de Pujol.
DELITOS CONTINUADOS
Bernad ha concretado que el sindicato acusa al expresidente de delitos continuados contra la hacienda pública, blanqueo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, y a su esposa de "complicidad, encubrimiento y colaboración necesaria".
La querella se presenta después de que el juzgado exigiera al sindicato que transformara en querella su denuncia inicial a raíz de la confesión de que la familia tenía una herencia sin declarar en el extranjero y que el sindicato consignara 6.000 euros de fianza, que obtuvo en un día al iniciar una recolecta popular a través de las redes sociales.
Ahora que la querella ya se ha presentado, Bernad ha instado a llamar a declarar "urgentemente" al matrimonio y a cuatro de sus siete hijos, los que el sindicato considera más implicados en el entramado societario y en la supuesta evasión de dinero público a paraísos fiscales.