Un grupo de militantes del PSOE, coordinados por el secretario de Economía del partido en Europa, Antonio Quero, abogan por aumentar los ingresos del Estado por vías como nuevos impuestos destinados a los más ricos (recuperar el de patrimonio, tipo máximo de IVA a los productos de lujo), pero también con una "integración profunda" entre las Fuerzas Armadas españolas y portuguesas.
Según sostienen en un documento hecho público este miércoles, esa integración generaría economías de escala en tropa, material y servicios horizontales y logísticos e iría en la línea de medidas que están siendo adoptadas en "los países escandinavos o entre Francia y Gran Bretaña", además de ir "en la dirección de la Historia, "puesto que el mantenimiento de 27 fuerzas armadas nacionales separadas en la UE cada vez tiene menos sentido".
El objetivo de ésta y otras medidas de ahorro sería conseguir tener disponible entre un 2 y un 3 por ciento del PIB español para así poder financiar un plan de choque para crear empleo y medidas para facilitar la concesión de créditos.
Para financiar este plan, estos militantes, agrupados bajo la iniciativa 'Ganar 2012', proponen obtener un punto de PIB de intensificar la lucha contra el fraude fiscal --para lo que serían necesarios entre 5.000 y 10.000 agentes suplementarios-- y racionalizar la administración pública.
Otro punto de PIB procedería de "una mayor progresividad de los tramos altos del IRPF", junto a recuperar el impuesto de patrimonio, "modular" el de hidrocarburos introduciendo recargos para los vehículos de mayor cilindrada, aplicar el tipo máximo del IVA (25%) para los artículos de lujo y de una tasa sobre las remuneraciones excesivas.
Esta tasa, que se aplicaría sobre las empresas que las pagan a sus directivos --sobre la diferencia entre la remuneración mínima de la compañía y la que multiplique cincuenta veces esa remuneración-- tendría un efecto disuasorio y un potencial recaudatorio de alrededor de 500 millones de euros al año.
Por último, un 0,4 por ciento del PIB provendría de la disminución de las prestaciones por desempleo gracias a la contratación y a las formaciones previstas en el plan y otro 0,3 por ciento de la reafectación de parte del presupuesto actual para políticas de empleo.
Según Quero, estas propuestas "progresistas" servirán de inspiración "al candidato Rubalcaba porque tienen una ambición a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos y son perfectamente factibles".
FORMACIÓN A 200.000 JÓVENES AL AÑO
Con este ahorro, proponen poner en marcha un plan de choque de empleo, empezando por formar a quienes abandonaron su educación, con becas "dignas", de entre 600 y 800 euros al mes. Del programa deberían beneficiarse 200.000 jóvenes al año durante tres años.
Además, propugnan colaboración con las empresas con empleos de difícil cobertura para formar a unos 100.000 trabajadores al año, de cualquier edad, con una "prestación digna acorde con su situación familiar". También abogan por formación intensiva en idiomas a 400.000 empleados cada año.
Estos planes de formación irían destinados a desempleados, pero los autores del documento creen que también serían necesarios para trabajadores que necesiten mejorar su formación, siempre que durante ese tiempo sean sustituidos por un desempleado. La empresa seguiría pagando a su trabajador, su sustituto recibiría una compensación del Estado y, si al cabo del periodo las perspectivas de demanda de la empresa han mejorado, puede mantener al segundo empleado.
Con estas medidas, el coordinador de las propuestas pretende romper el círculo vicioso del estancamiento de la economía y estimular la demanda, aumentando la renta disponible de los ciudadanos, fomentando la contratación y generando confianza. Otros pasos en esa dirección serían restablecer la renta inicial de los funcionarios antes de los recortes y recuperar la senda de crecimiento de las pensiones no contributivas.
Por otro lado, el documento cifra en 300.000 empleos el potencial del sector de servicios a las personas y pide un esfuerzo más decidido en políticas activas de empleo, cifrando en 50.000 los nuevos agentes que necesitan los servicios públicos de empleo. "Toda intervención netamente inferior al esfuerzo necesario es un despilfarro presupuestario y sólo se puede calificar de cosmética", avisa.
Junto a todo ello, los autores se declaran conscientes de que hace falta la "cooperación plena" de los empresarios, y para ello proponen otorgar avales públicos a las empresas colaboradoras que les permitan obtener crédito más fácilmente.
En sentido contrario, creen posible aplicar recargos en las cotizaciones sociales a las empresas identificadas por los servicios de empleo "como potencialmente capaces de participar en el programa pero que no colaboren sin aportar una justificación válida".
PAPEL ACTIVO DEL ESTADO
El plan propone también que el Estado tenga un papel activo para ayudar a los ciudadanos endeudados, de manera que éstos puedan devolver créditos sólo hasta un 35 por ciento de sus ingresos y el Estado adelante el importe restante hasta un máximo de tres años. El ciudadano lo devolvería más tarde sin intereses adicionales, que "serían absorbidos por las entidades crediticias, asumiendo así ellas también parte del esfuerzo de salida de la crisis".
Otra vía de participación más activa del Estado sería ayudar a la "digestión" de las cajas de ahorro con un balance deteriorado por el ladrillo". "No debe excluirse la expropiación de la vivienda o el suelo sin vender. El Estado gestionaría este parque de vivienda alquilándolo y, más tarde, vendiéndolo cuando las condiciones del mercado lo aconsejen", explica el documento.
Sus autores se muestran en contra de poner en marcha un banco público, pero sí apuestan por un programa amplio de avales públicos a pymes y ciudadanos que entren dentro de una categoría media de ingresos normal.