En un auto fechado el 15 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 y los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de 9 de marzo de 2016 donde declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte.
Se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretan en el caso ERE, cuya instrucción comenzó la juez Alaya en enero de 2011 y que acumula cerca de 300 personas investigadas, entre ellas los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que prestaron declaración este miércoles ante el juez Álvaro Martín.
En el mismo auto notificado este jueves a las partes personadas en el procedimiento, la magistrada María Núñez cita a declarar como investigadas el próximo mes de mayo a seis personas por distintas ayudas al despacho Estudios Jurídicos Villasís y a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas al alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE).
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