Según han explicado fuentes policiales, se trata de un doble registro: uno dentro de la sede de Òmnium, en la calle Diputació de Barcelona, y otro en la Secretaría de Difusión, ubicada en el Palau de la Generalitat.
El secretario de Difusión, Antoni Molons, está presente en el registro en su despacho y está detenido, según apuntan fuentes de la Guardia Civil.
El registro se desarrolla en el marco de la Operación Anubis que instruye el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y que investiga los preparativos de la consulta del 1-O.
Los Mossos d'Esquadra custodian la Generalitat mientras agentes de paisano de la Guardia Civil realizan el registro en el despacho de Molons, que se encuentra presente y a quien se vincula con el pago de las campañas de publicidad del 1-O.
Se lo vincula con el pago de las campañas de publicidad del referéndum, que el Tribunal Constitucional consideró ilegal y que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó impedir.
Las campañas de publicidad en medios de comunicación sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre tuvieron un coste 502.639 euros, según la investigación preliminar de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero.
LA GUARDIA CIVIL RETIENE A VARIOS TRABAJADORES DE ÒMNIUM
Los agentes de la Guardia Civil que han entrado en la sede de Òmnium Cultural retienen a siete empleados y a miembros de la dirección de la entidad mientras registran sus direcciones de correo electrónico.
Fuentes de Òmnium han explicado que los agentes "están secuestrando el correo electrónico de los trabajadores y cambiando contraseñas", y niegan que se haya entrado en el domicilio de ningún empleado o miembro de la junta.
El Instituto Armado ya entró en las dependencias de Òmnium el 24 de enero para recoger por orden judicial los correos electrónicos del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y el mismo día entró también en la sede de la ANC.
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha explicado que la instrucción del juez por la que se está registrando la sede les advierte de que, si convocan a los ciudadanos para concentrarse ante el edificio, "podrían incurrir en un delito de rebelión".
Lo ha explicado en declaraciones a Rac1, en alusión a las concentraciones que hubo ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 en pleno registro policial y que acabaron con el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y Jordi Sànchez (JxCat) en la cárcel, donde aún permanecen.
"La instrucción del juez indica explícitamente que vigilemos y que no cometamos un nuevo 20 de septiembre porque se podría incurrir en un delito de rebelión si se convoca una manifestación ante las puertas de la entidad", ha detallado.
Mauri, que no ha llegado a entrar en la sede este jueves, ha calificado el registro de "ataque vergonzoso" y ha apuntado a que la operación se debe que están buscando si ha existido por parte de la entidad una malversación de fondos públicos.
Ha visto innecesario el registro y ha concluido: "Sería suficiente con mirar nuestra página web donde están las cuentas tranquilamente publicadas y donde se ve que desde hace años no cobramos ni un duro de la Generalitat".
Mauri ha explicado que en 2017 hicieron una campaña para fomentar la participación en el referéndum porque "nadie" les dijo que no la podían hacer, y ha asegurado que en ningún caso asumieron el papel que debía hacer el Govern u otras instituciones públicas.
"No encontrarán nada de lo que están diciendo que buscan", ha zanjado, y ha asegurado que Òmnium seguirá haciendo su trabajo y que registros como este no implicarán que dejen de hacer aquello que la entidad hace, siente y piensa.
Mauri ha dicho que quienes están retenidos dentro la sede son trabajadores y no miembros de la junta directiva de la entidad, y ha relatado que no le consta que se estén registrando domicilios particulares de miembros de Òmnium.
"Están haciendo un registro general en toda la sede y parece que se quieren llevar documentación económica. No encontrarán ningún vínculo de pago con la Generalitat", ha concluido.