El informe de fiscalización recoge la "disolución de facto" del CPMC --entidad pública participada por Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura-- en 2012 en favor de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, de carácter privado, lo cual va contra las normas de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Advierte además de que este traspaso a la Fundació de la gestión de la actividad y de los edificios del Palau supone "en la práctica" la pérdida del control público, mientras que el Consorci mantiene la responsabilidad de pagos por el presunto desfalco, que la Sindicatura cifra en 3,65 millones de euros de presunta malversación de fondos públicos, la misma cifra calculada en el proceso penal por el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona.
También ve irregularidades en una subvención de 1,17 millones de euros --procedente de los Presupuestos de la Generalitat 2012-- otorgada por el Consorci a la Fundació que no se ajusta a la normativa.
Respecto a la gestión del Consorci antes de vaciarse de contenido en 2012, la Sindicatura constata que en 2010 y 2011 no aplicaba el plan general de contabilidad pública; "falta de control" en gasto y organización del personal; y que el Consorci dejó de cobrar a la Fundació en septiembre de 2010 el alquiler de salas del Palau, y antes lo hacía sin contrato.
Además, gastos que correspondían a la Fundació o el Orfeó fueron asumidos por el Consorci, y había "una falta casi absoluta" de contratos formalizados con proveedores de bienes y servicios, cuya relación se basaba mayoritariamente en acuerdos verbales con la antigua dirección.
Asimismo, considera que se ha gastado parte del resarcimiento de 2,42 millones recibidos en el marco del procedimiento penal contra los antiguos responsables del Palau, pero que esta cantidad es "provisional" hasta que acabe el trámite judicial, por lo que podría reclamarse su devolución más adelante.
ALEGACIONES
El Consorci alegó al informe que en estos años, tras el caso Millet, se ha vivido una situación "excepcional", y apuntó a cuestiones como que se imputó al equipo directivo que gestionaba el propio Consorci desde su constitución en 1983.
Ello implicó cambio de dirección, "sustracción de documentación" por parte de los imputados y de la policía y administración judicial, pérdida de información y despidos de trabajadores vinculados al anterior equipo directivo.
También adujo "falta de colaboración de personas que podían informar sobre actuaciones presuntamente delictivas, clima general de desconfianza" y comprobación de un desvío de unos 6 millones de euros de los fondos gestionados por el Consorci durante los años anteriores a 2009.