El Parlamento de Cataluña ha aprobado siete leyes desde que se constituyó tras la victoria de CiU en las autonómicas de noviembre de 2010, y ha tramitado 30 proyectos legislativos más que deberá encarar cuando se reinicie el trabajo en la Cámara a partir de setiembre.
Además de sacar adelante siete leyes, el pleno, que se ha reunido en 14 ocasiones, también ha convalidado un decreto ley, ha aprobado 11 resoluciones y 39 mociones, ha formulado 64 interpelaciones al Consell Executiu, 39 preguntas a los consejeros y 60 al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ha realizado 10 declaraciones institucionales.
El ritmo de trabajo de la Cámara es similar al del primer tripartito, que también aprobó siete leyes en el mismo periodo, y es inferior al del segundo, que aprobó 10 proyectos legislativos, igual que el último Ejecutivo de Jordi Pujol.
La leyes aprobadas en esta legislatura son: la de prórroga del Presupuesto catalán de 2010, la de la Autoridad Catalana de la Competencia; la de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones; la de paralización de las veguerías; la de reforma del libro tercero del código civil catalán; y las del Presupuesto de 2011 y de medidas fiscales y financieras.
DEBATE DE POLÍTICA GENERAL
El Parlamento abrirá el nuevo período de sesiones los días 27, 28 y 29 de setiembre con el debate de política general, el primero que afronta el presidente del Ejecutivo catalán desde que asumió el cargo.
Asimismo, la Cámara continuará tramitando 4 proyectos de ley --las tres 'leyes ómnibus' y la normativa sobre la modificación de la ley de urbanismo-- y 26 proposiciones de ley, todas a iniciativa de los partidos excepto una, relativa a la comarca de la Cerdanya y que ha llegado al Parlamento a instancias de una demarcación supramunicipal.
Las comisiones ordinarias se han reunido 135 veces con 278 horas de trabajo en total, durante las cuales se han aprobado 214 resoluciones, se han hecho 262 preguntas orales, y se han escuchado a 41 comparecientes.
En este período también ha empezado a trabajar, a instancias de CiU y ERC y con la participación de todos los partidos, la comisión de estudio sobre el concierto económico catalán que deberá tener a punto sus conclusiones para el próximo 31 de octubre.