En su escrito de acusación, el PP solicita siete años de cárcel para los técnicos de la Junta que participaron en la extinción, mientras que para los excursionistas que hicieron la barbacoa y para los ex-altos cargos de la Junta solicita tres años de cárcel.
Así, el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, ha dicho hoy que "nos parece increíble" y "nadie entiende" que el PP pida penas mayores para los técnicos que trabajaron en la extinción del incendio de Guadalajara que para los excursionistas que prendieron la barbacoa.
A preguntas de los periodistas, el consejero ha reprochado a la portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, que su partido no dijera nada en el pleno del pasado día 18 -cuando se debatió una resolución sobre este incendio- mientras que los abogados de los populares presentaban el escrito de acusación en el juzgado de Sigüenza, que ha instruido la causa.
En similares términos se ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Moreno, que ha dicho que el escrito de acusación del PP es una "cobardía", una "tremenda injusticia" y una "enorme irresponsabilidad".
A estas acusaciones respondió la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, quien considera que si hay personas acusadas por el incendio de Guadalajara de 2005 "se lo deben" al presidente de la Junta, José María Barreda, que "no asume la responsabilidad política".
En declaraciones a los periodistas, Guarinos ha afirmado que jamás había sentido "tanta vergüenza por la ruindad, mezquindad y cobardía" de la Junta de Comunidades y el PSOE en relación con la "mayor tragedia" ocurrida en la comunidad autónoma: el incendio en que murieron once miembros de un retén y ardieron casi 13.000 hectáreas de pinar.
"Es intolerable que quien tiene la responsabilidad sea incapaz de asumirla, permitiendo que esa responsabilidad recaiga en otras personas", ha recriminado Guarinos a Barreda, de quien ha dicho que "no le importa nada con tal de salvarse a sí mismo".
El pasado día 18, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una resolución, con los votos del PSOE y la oposición del PP, en la que la Cámara Regional apoya la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha en favor del sobreseimiento de la causa judicial para todos los imputados (técnicos y políticos de la Junta), a excepción de los excursionistas que prendieron la barbacoa.
Esta resolución de las Cortes Regionales motivó que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, dijera que "entrometerse" en las decisiones judiciales desde los otros dos poderes públicos va contra los fundamentos democráticos.
La jueza de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, imputa a veinte personas, incluidos técnicos, políticos de la Junta y del Ayuntamiento de La Riba de Saelices, donde se originó el fuego, mientras que la fiscalía solo acusa al que prendió la barbacoa y exime de culpa al resto.