En concreto, los tres procesados, Luisa Karenina H.J., Juan M.C. y Felipe M.F., serán juzgados entre el próximo lunes y miércoles por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, acusados de los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (por el que el Ministerio Público reclama tres años de prisión) y de falsedad en documento mercantil (diez años).
La acusación pública relata en su escrito de calificación provisional que los hechos acaecieron antes de 2004, fechas en las que, movidos por la intención de obtener un beneficio patrimonial injusto, los tres reos se dedicaban de forma estable y organizada a la introducción en territorio español de ciudadanos extranjeros, principalmente de origen peruano, con la finalidad de que residieran y pudieran trabajar en España de manera irregular.
A tal efecto, postula la Fiscalía, la acusada, de origen peruano, contactaba con compatriotas suyos que se encontraban en Perú y a quienes reclamaba una cantidad que solía oscilar entre los 2.000 y los 4.000 euros, y que en algunos de los casos podía llegar a los 11.00 y 12.000 euros.
Una vez pagada la cantidad, Luisa Karenina H.J. la repartía con Juan M.C, cuya gestoría se dedicaba al asesoramiento en materia laboral de pequeñas y medianas empresas, de modo que juntos formulaban a partir de ese momento solicitudes de permisos de residencia en España y trabajo por cuenta ajena inicial, basados en inexistentes ofertas de empleo, supuestamente realizadas por las empresas que eran clientas de la gestoría y falsificando la firma de los administradores de las mismas.
Realizada la solicitud, prosigue la Fiscalía, la inculpada se dirigía al funcionario de extranjería, Felipe M.F., quien a sabiendas de las irregularidades existentes en los expedientes, ya que no iban acompañados de la documentación de la empresa, compulsada y cotejada, y valiéndose del cargo que ocupaba, obviaba los trámites de cita previa y de comparecencia del empresario empleador, impidiendo así que éstos tuvieran conocimiento de la oferta de trabajo que aparentemente habían realizado.
Así, colocaba los expedientes en la mesa del funcionario encargado de realizar los trámites, dando por buenos aquellos cuya verificación le correspondían. Los tres acusados actuaron de este modo con un total de 16 ciudadanos extranjeros. La acusación pide además para cada uno de los procesados el pago de una multa de 4.320 euros.