Con este objetivo, el portavoz de Justicia de los nacionalistas vascos, Mikel Legarda, ha presentado este miércoles una proposición de ley que espera cuente con el respaldo de grupos de la oposición para poder ser tramitada y que la recuperación de la justicia universal sea una realidad en esta legislatura.
El PNV se abstuvo en la primera reforma de esta materia impulsada "de tapadillo" por el PSOE en 2009, según ha recordado Legarda, que ya abrió la puerta a que España se retirase de las causas de este tipo cuando los tribunales de otros países se ocupasen de ellas
Pero fue en la reforma de 2014, apoyada en solitario con el PP, cuando se dio "la vuelta de tuerca definitiva" a la jurisdicción universal. Entonces se establecieron requisitos concretos para cada delito a juzgar por los tribunales españoles y la reforma supuso el archivo de la causa del genocidio del Tibet que se investigaba en la Audiencia Nacional y que provocó protestas de China tras llegar a cursarse incluso órdenes de detención contra sus exdirigentes.
ES UNIVERSAL, NO ADMITE LIMITACIONES
Pero también se vieron afectados casos como el de José Couso, operador de cámara asesinado en Irak en 2003, que acabaron sobreseyéndose --en este caso lo archivó el Tribunal Supremo en 2016 aunque la Sala recordó que el sobreseimiento podría quedar sin efecto--.
Por ello en la actualidad la potestad de la Audiencia Nacional para juzgar delitos contra la humanidad cometidos en el exterior queda limitada a los casos en los que el acusado sea español, o bien si es extranjero pero reside o se encuentra en España.
Desde el PNV sostienen que la propia esencia de la justicia universal no admite limitaciones. "Los delitos de genocidio, torturas, trata, desaparición forzosa o violencia contra mujeres y niños no nos afectan como nación, sino como comunidad internacional porque atentan contra los valores civilizatorios", ha explicado Legarda, quien ha remarcado que todos ellos deben ser perseguidos con independencia de la nacionalidad de víctimas o victimarios o del lugar donde se produzcan sin tener en cuenta "intereses particulares" o "nacionales".
Según la proposición de ley registrada por los nacionalistas, los tribunales españoles sólo podrían renunciar a juzgar estos delitos si lo hace de forma fehaciente un tribunal internacional o inhibirse en favor de la Justicia del país donde se hayan cometido los hechos.