El expresidente de la Generalitat y presidente del PDC, Artur Mas, ha asegurado este martes que la posición de la mayoría de los Estados europeos es que Catalunya tiene "derecho" a celebrar un referéndum independentista, como se hizo en Escocia y Québec.
En una entrevista a Equinox recogida por Europa Press, ha sostenido que estos países comprenden la demanda realizada por la mayoría de los catalanes, aunque considera lógico que ninguno de ellos haya expresado públicamente su apoyo oficial porque "los Estados tienen sus intereses".
Según Mas, una Catalunya independiente podría ofrecer oportunidades a sus 7,5 millones de habitantes, que podrían elegir su nacionalidad --español o catalán, y ha destacado que, pese a ser un territorio pequeño que no tiene ejército, su poder reside en su gente y su deseo de mantener su identidad y lengua con un proyecto de futuro.
El expresidente catalán, que participa activamente en la internacionalización del proceso catalán, ha señalado que el reto es combatir el relato que España hace de esta cuestión, dado su "enorme poder" para dirigirse a Europa y al resto de mundo, y que así se sepa distinguir a Catalunya del resto del territorio español.
También ha reivindicado que el modelo turístico de Barcelona y Catalunya es un "gran éxito", sobretodo desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, y que el hecho de que el 70% de sus ciudadanos no tengan un origen directamente catalán refuerza su modelo de cohesión y convivencia.
Al preguntársele por la CUP, que forzó que diera un paso al lado al frente de la presidencia de la Generalitat, ahora en manos de Carles Puigdemont, ha señalado que entre los anticapitalistas y el PDC no tienen "casi nada en común, salvo la necesidad de conseguir un Estado para Catalunya".
Por ello, ha justificado que exista esta alianza "temporal" entre ambas formaciones, dejando claro que, una vez se obtenga la independencia, habrá en Catalunya los debates políticos normales que existen entre las partes que piensan diferente.
También ha reconocido que su etapa al frente de la Generalitat, que empezó el 27 de diciembre de 2010, fue un periodo "muy difícil, marcado por las protestas y las consecuencias sociales de la crisis económica" como consecuencia de los recortes que tuvo que implementar.