Por error, en el trámite de enmiendas en la Cámara Alta, se retiraron dos referencias a la libertad vigilada y se suprimió de forma involuntaria su aplicación a los delitos de homicidio y relativos a la violencia de género, han añadido estas fuentes.
La libertad vigilada prevista hasta el momento en el proyecto de reforma del Código Penal estaba prevista para el cumplimiento posterior a la condena de cárcel y suponía un control judicial que implicaba la localización permanente, comparecencias periódicas y la prohibición de no aproximarse a la víctima. Su duración era de un máximo de 5 años aunque se extendía a 10 en casos graves.
El Proyecto de Ley incluía esta medida para los casos de asesinato castigados con pena de prisión permanente revisable, es decir, los cometidos contra víctimas menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, las agresiones sexuales con resultado de muerte, los asesinatos llevados a cabo por organizaciones criminales o los condenados por matar a más de dos personas.
También aparecía en el artículo 173 que prevé las condenas para quienes ejerzan violencia física o psíquica contra sus parejas o menores y discapacitados que convivan con ellos.