Además, ha insistido en que la fórmula no conlleva ninguna pérdida de soberanía para el país y que la supervisión europea, del FMI y del BCE estará centrada en quienes reciban el préstamo, los bancos. "Si se va a prestar ayuda, es lógico que se quiera controlar cómo se gasta el dinero, pero cómo lo gastan esas instituciones financieras", ha subrayado.
La dirigente 'popular' ha añadido que las administraciones públicas españolas, tanto el Estado como las CCAA ya se sabían observadas por las instituciones comunitarias porque tienen la obligación de cumplir el objetivo de déficit. "Somos muy conscientes de que ya éramos objeto de un seguimiento especial para saber si éramos capaces o no de conseguir ese objetivo. Ya éramos objeto de seguimiento muy exhaustivo de las autoridades comunitarias y esto hace que lo tengamos todavía más presente", ha añadido.
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