Los 'populares' creen que este procesamiento es "incompatible" con el cargo que desempeña la vicealcaldesa y, por ello, han apelado al código ético de IU que determina la dimisión de cargos públicos en los casos de imputación.
La edil ya justificó el pago de estos trabajos ante el juzgado mediante una factura, aunque el auto judicial ha considerado que los hechos "son susceptibles de ser calificados como un delito de malversación de caudales públicos".