En total, 67 presos están afectados por la aplicación de la doctrina 197/2006 y, según ha subrayado Herrira, el propio tribunal europeo "condenó a España por vulnerar el Convenio Europeo de los Derechos Humanos" por el caso de la reclusa Inés del Río.
"Demandamos al Estado español por vulneración de derechos fundamentales en nombre de todas las personas que demandaron amparo ante el Tribunal Constitucional español y les fue denegado", ha señalado la abogada Amaia Izko, para añadir que desde el principio del procedimiento han denunciado que "se están vulnerando sus derechos fundamentales".
Asimismo, ha remarcado que la sentencia del Tribunal Europa de Derechos Humanos es "de aplicación general", aunque el Estado español continúa con "su voluntad de castigar a estas personas más allá de las condenas que se les han impuesto".
Según ha relatado, uno de los motivos por lo que han preferido acudir hasta Estrasburgo en vez de "remitir los recursos de otra manera" es que han querido con su presencia "subrayar la denuncia de la situación que se ha creado y de la posición del Estado español".
"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho claramente que en el caso de Inés del Río su situación de prisión es irregular, debe estar en la calle y se vulnera su derecho fundamental", ha denunciado.
En este contexto, Izko ha denunciado que el Estado español está "buscando toda clase de subterfugios para no ponerla en libertad y agravar si cabe esa vulneración de un derecho fundamental como es el de la libertad".