En concreto, el tribunal condena a cada uno de los acusados a la pena de un año y seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros por un delito de estafa agravada por el valor de la defraudación, y a la misma pena por otro delito continuado de estafa no agravado.
Además ambos deberán indemnizar a los afectados en las cantidades defraudadas, la mayor de ellas, de 96.000 euros, según establece la sentencia, contra la que cabe recurso.
Según recoge la sentencia, los acusados, Jesús L.G, de 32 años, y Jesús L.S., de 76, y padre del primero, solicitaron, durante los primeros meses del año 2008, préstamos a diversos vecinos de la localidad de Santoña donde residían.
Los imputados pedían el dinero por la relación de confianza que mantenían con las personas a las que se lo pedían, y con la falsa promesa de que se lo devolverían cuando cobrasen una subvención del Gobierno de Cantabria por la contratación de dos trabajadoras, a sabiendas de que la directora general de empleo había acordado en octubre del año anterior la revocación y reintegro de dicha subvención.
Con ese procedimiento consiguieron que varias personas les entregaran distintas cantidades, desde 282 euros la más baja, hasta los 96.000 que les prestó uno de los perjudicados.
CONVENCIERON A UN PROCURADOR
El tribunal destaca que el hecho de que la estafa se produjera en una localidad pequeña, "donde se conocen todos", y donde uno de los imputados, el padre, regentaba un bar al que solían acudir los estafados.
Explica la sentencia que, en una práctica premeditada, padre e hijo contactaban con personas a las que trasladaban la necesidad de efectuar el pago de alguna facturación, inventándose que estaban pendientes del cobro de una subvención.
Ambos imputados llegaron a convencer a un procurador, quien accedió a acompañarles para reforzar ante otras personas la credibilidad y confianza en las demandas de dinero, procurador que les prestó más de 5.600 euros y que ha ejercido la acusación particular junto a otro de los perjudicados.