Así lo informaron hoy fuentes jurídicas, que precisaron que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu recibió la semana pasada una traducción no oficial -elaborada por la propia Embajada de Israel en España- de la documentación del caso.
Se trata de unos 300 folios en inglés y en hebreo, que el Gobierno de Tel Aviv remitió al juez el pasado 30 de enero, cinco meses después de que Andreu se la solicitara.
A falta de la traducción oficial, las fuentes consultadas aseguran que la conclusión que se extrae de los documentos es que en Israel nunca tuvo lugar una investigación judicial sobre el ataque, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles.
Por ello, el juez español considera que es competente para seguir adelante con la instrucción.
Tanto el procurador de las Fuerzas Armadas (fiscalía militar) como el asesor legal del Gobierno israelí se opusieron a una investigación de los hechos, decisión recurrida ante la Corte Suprema de Justicia por un movimiento pacifista y un grupo de escritores israelíes.
La Corte Suprema acordó que no procedía abrir una causa judicial tras recibir el informe de una comisión de investigación designada por el Gobierno que concluyó que lo sucedido en Gaza fue un ataque preventivo y que los daños colaterales estuvieron justificados.
El magistrado español prevé tener preparada en unos diez días una comisión rogatoria que enviará a Israel para dar traslado de la querella a los imputados, a quienes el juez desea citar para tomarles declaración.
Entre los imputados aparecen, además del ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz.
También figuran el general al cargo del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.
La querella fue interpuesta en la Audiencia Nacional española por el Centro Palestino para los Derechos Humanos por el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en Gaza contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade, que causó su muerte y la de catorce civiles -la mayoría niños y bebés- e hirió a 150 personas.