El PSOE quiere que las medidas contra el terrorismo yihadista que el Gobierno ha planteado a través de enmiendas a la reforma del Código Penal y a otras leyes sean fruto de un acuerdo entre el máximo número de grupos parlamentarios posible y ya ha avanzado su rechazo a que la creación de un registro de viajeros para controlar los desplazamientos a países donde se captan o adiestran terroristas se regule mediante una enmienda en el Senado a la Ley de Seguridad Ciudadana.
Este será el planteamiento con el que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, acudirá este martes a la reunión que mantendrá en el Ministerio del Interior, con su titular, Jorge Fernández Díaz, y con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para tratar de las nuevas medidas antiterroristas.
Hernando irá acompañado de los portavoces del PSOE en la Comisión de Interior y de Justicia, Antonio Trevín y Rosa Aguilar, respectivamente, y del portavoz adjunto en la Comisión Constitucional, José Enrique Serrano.
TRASLADAR A ESPAÑA EL "ESPÍRITU DE PARÍS"
En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando ha insistido en la necesidad de "trasladar a España el espíritu de París", es decir, de reproducir aquí la "unidad contra el terrorismo" y el "clamor por la libertad" que se visualizó el pasado domingo en la gran manifestación que tuvo lugar en la capital gala en recuerdo a los asesinados por los atentados de la semana pasada.
Hernando ha admitido que es necesario "mejorar" la lucha contra el terrorismo yihadista, pero ha remarcado que debe hacerse con consenso y sin afectar a las libertades fundamentales, tal y como hizo, según ha recordado, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
El dirigente socialista se ha mostrado convencido de que es posible, como ocurrió en el pasado, alcanzar el consenso en esta materia y ha alegado que no va a la cita con los ministros "con condiciones previas" para evitar supeditar el apoyo del PSOE a las medidas a que cuenten también con el respaldo de otros grupos de la oposición.
MUCHAS DUDAS SOBRE LA NUEVA TIPIFICACIÓN DE DELITOS
Y, respecto a las propuestas que ha hecho el Ejecutivo a través de once enmiendas al Código Penal, ya ha explicado que algunas de ellas les plantean "muchísimas dudas" porque, a su juicio, tienen una redacción "técnico-jurídica muy defectuosa", empezando por la propia definición que hacen de terrorismo porque genera "inseguridad jurídica".
El PSOE también pone pegas a la que establece como delito la consulta reiterada de páginas web yihadistas y, en general, considera que la "tipificación de los delitos" que ha hecho el Gobierno es "francamente mejorable" y debe mejorarse entre todos.
En relación con la creación de un registro de viajeros para controlar los desplazamientos a países donde se captan o entrenan terroristas, el PSOE está dispuesto a estudiarlo siempre que se haga con "proporcionalidad, muchas limitaciones y todas las cautelas" y dejando claro quién custodiará los datos y por cuanto tiempo. En este punto, Hernando ha admitido que ya existen ciertos controles sobre quienes viajan a Estados Unidos, Canadá y Australia, que se han demostrado eficaces.
SERÍA UN GRAVE ERROR
Eso sí, los socialistas rechazan que ese fichero se regule mediante una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que ahora se tramita en el Senado. "Es una pésima técnica jurídica para regular un tema que no es menor. Utilizarla sería inaudito y constituiría un grave error que no ayudaría al consenso, sino al disenso", ha avisado Hernando recalcando, además, que la rebautizada como 'Ley Mordaza' se va a aprobar sólo con los votos del PP.
Así se lo trasladará Hernando a Fernández Díaz y Catalá, con los que también quiere buscar una fórmula que permita al PSOE "separar" su rechazo al conjunto del nuevo Código Penal del eventual acuerdo en medidas antiterroristas que se pueda alcanzar con el resto de grupos.
Por otra parte, aunque excede el marco antiterrorista, Hernando ha aprovechado su rueda de prensa para mostrar su deseo de que el Gobierno "no se atreva" a seguir adelante con un idea de incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal las escuchas telefónicas sin autorización judicial después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya alertado con "contundencia" de su inconstitucionalidad.