El PSOE propone reconocer la singularidad de las comunidades autónomas con una definición precisa de su “identidad, cultura y lengua” en los Estatutos de autonomía, apostando por reformar la Constitución para que éstas se queden con todas las competencias que no sean estrictamente del Estado.
Recordando que es algo a lo que se comprometieron desde el año 2003 en Santillana del Mar, los socialistas recalcan que aseguraron que realizarían las reformas que fuesen necesarias con el objetivo de lograr un “nuevo impulso del autogobierno”; unas reformas que fueron concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y la Declaración de 2017, pero que no han podido aplicar aún, asegurando que, de haberlo hecho “no nos encontraríamos en la situación actual”, en referencia a la crisis en Cataluña.
Considerando que su propuesta de modelo territorial es el “único camino viable” y abogando por conceder más autogobierno a la autonomía, el PSOE, no obstante, recalca su rechazo a la autodeterminación de Cataluña así como a la aplicación permanente del artículo 155 de la Constitución, como defienden desde la oposición.
Además de reconocer las “singularidades” de los distintos territorios y una “definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos”, en su propuesta de modelo territorial el PSOE quiere que los Estatutos de autonomía también incluyan la organización institucional y territorial adaptada a las “peculiaridades” de cada comunidad, con la excepción de que esa organización “no afecte al funcionamiento de otros territorios”.
En este sentido, abogan por clarificar el reparto competencial en la Constitución, considerando que el actual modelo ha creado “excesiva conflictividad” e “intervención del Tribunal Constitucional” debido a las duplicidades en algunos casos o ausencia de ente competente en otros.
A este respecto, el objetivo de los socialistas es delimitar con mayor precisión las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas, recogiendo en la Carta Magna las “facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales” y “establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución” sea de “competencia autonómica”.
Así mismo, el programa contempla otras modificaciones legislativas e incluso reformas de la Constitución para incluir los
Además de reconocer las “singularidades” de los distintos territorios y una “definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos”, en su propuesta de modelo territorial el PSOE quiere que los Estatutos de autonomía también incluyan la organización institucional y territorial adaptada a las “peculiaridades” de cada comunidad, con la excepción de que esa organización “no afecte al funcionamiento de otros territorios”.
En este sentido, abogan por clarificar el reparto competencial en la Constitución, considerando que el actual modelo ha creado “excesiva conflictividad” e “intervención del Tribunal Constitucional” debido a las duplicidades en algunos casos o ausencia de ente competente en otros.
A este respecto, el objetivo de los socialistas es delimitar con mayor precisión las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas, recogiendo en la Carta Magna las “facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales” y “establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución” sea de “competencia autonómica”.
Así mismo, el programa contempla otras modificaciones legislativas e incluso reformas de la Constitución para incluir los procedimientos de colaboración entre Estado y Comunidades Autónomas, como establecer de manera "periódica y obligada" las reuniones de la Conferencia de Presidentes; que las conferencias sectoriales tengan una función más técnica; que estén "bien regulados" los convenios de colaboración de las autonomías con el Gobierno o que el Senado sea un lugar de encuentro tanto de las comunidades con el Ejecutivo, como de éstas entre sí.
Del mismo modo, también proponen que las autonomías participen en actuaciones y decisiones del Gobierno de España, como en el ejercicio de las competencias del Estado; la designación de los integrantes de instituciones del Estado, de organismos económicos y reguladores; así como la participación en asuntos europeos o la realización de planes estratégicos nacionales.
Abordando otra cuestión fundamental como es la relativa a la financiación económica, el PSOE propone la "previsión constitucional de los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con la participación de los territorios".
Considerando que la Constitución no contiene ninguna regla precisa que permita predecir cómo deben financiarse las comunidades autónomas, abogan por añadir en la Carta Magna “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos".
En esta misma línea, y “para darle la mayor transparencia”, defienden establecer en la Constitución “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial”. A ello añaden la necesidad de configurar de manera distinta el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de garantizar la participación de los territorios.
También quieren los socialistas que la Constitución reconozca a los municipios como “unidad territorial básica”, así como sus competencias propias, planteando distinguir un "régimen jurídico diferente para los municipios urbanos y los rurales" entendiendo que sus necesidades y objetivos son distintos.
Con el fin de mejorar la financiación de todos ellos, plantean tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica, así como facilitar la libre disposición de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.